Un fallo judicial ordenó apagar las cámaras de fotodetección al establecer que operaban sin autorización nacional. Ahora crecen los cuestionamientos sobre la responsabilidad de la Gobernación de Sucre.
La polémica por las fotomultas en Sucre tomó un nuevo rumbo luego de que el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo ordenara la suspensión inmediata de las cámaras de fotodetección instaladas en las vías Sincelejo-Corozal y Sincelejo -Sampués, al considerar que operaban sin la autorización exigida por la ley.
La decisión judicial, emitida el 22 de julio, se fundamenta en un documento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que indica que esos dispositivos no contaban con el permiso oficial para imponer comparendos electrónicos, requisito indispensable para su funcionamiento.
El fallo ha desatado un fuerte debate en el departamento, ya que diversos sectores cuestionan si la administración departamental conocía la falta de autorización y, pese a ello, permitió que las cámaras continuaran sancionando a miles de conductores.
Mientras se adelantan los trámites para obtener los permisos establecidos por la normativa nacional, las cámaras permanecerán fuera de servicio.
Entretanto, ciudadanos y sectores políticos exigen explicaciones sobre las decisiones adoptadas por la Gobernación y piden esclarecer si hubo responsabilidades administrativas por el funcionamiento de un sistema que la justicia ordenó suspender.