Cuando un político decide convertirse en el fiscal de los demás, lo mínimo que debe hacer es revisar primero su propia historia. Por eso, gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, antes de señalar al Gobierno Nacional o pretender erigirse como ejemplo de transparencia, conviene recordar un principio básico: es de mala educación hablar con la boca llena.
A pocos días de que el presidente Gustavo Petro entregue el poder, han aparecido voces que buscan presentar el fin de su gobierno como el regreso de la decencia administrativa. Sin embargo, muchos de esos discursos provienen de dirigentes que aún cargan con serios cuestionamientos sobre su entorno político y familiar.
En el caso de Erasmo Zuleta, la memoria no puede borrarse con discursos. Su familia protagonizó una multimillonaria demanda contra el municipio de Montería, con la que buscaba obtener más de 9.000 millones de pesos por un terreno utilizado para una obra pública. Al final, el Consejo de Estado revocó la decisión que favorecía a los demandantes y evitó que las arcas públicas desembolsaran miles de millones de pesos.
Pero ese no es el único episodio. La opinión pública cordobesa tampoco olvida la captura de su madre, Mara Graciela Bechara de Zuleta, y de su tía, María Fátima Bechara, directivas de la Universidad del Sinú, dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons.
Aunque posteriormente recuperaron su libertad y la justicia ha seguido su curso, los hechos existieron y marcaron uno de los mayores escándalos administrativos del departamento.
A esto se suma la investigación que adelanta la Agencia Nacional de Tierras para establecer si un predio relacionado con el gobernador corresponde a un baldío o a un bien de uso público de la Nación. Será la autoridad competente la que determine las responsabilidades, pero el proceso existe y merece toda la atención de la ciudadanía.
Nadie pretende responsabilizar al gobernador por actuaciones de terceros. Sin embargo, cuando un dirigente asume el papel de juez de la moral pública, también debe aceptar que su propia trayectoria y la de su círculo más cercano serán objeto de escrutinio. Esa es la esencia de la democracia.
La autoridad moral no se compra con discursos ni se impone desde un atril. Se construye con coherencia, transparencia y, sobre todo, con la capacidad de responder por los cuestionamientos que rodean el ejercicio del poder.
Gobernador Erasmo Zuleta, antes de repartir certificados de honestidad o señalar a quienes piensan distinto, responda las preguntas que siguen sin despejarse en torno a su entorno político. Porque quien vive en una casa de cristal no debería lanzar piedras. Y quien aún tiene cuentas pendientes con la opinión pública, difícilmente puede presentarse como el dueño de la verdad.