En el año 2006, la compañía estadounidense Drummond habría financiado con millonarias sumas de dinero a las Fuerzas Militares junto con otras empresas en acuerdos que sumaron cerca de 5.000 millones de pesos.
Así lo revela el capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en el cual se narra los impactos y las afectaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que tuvieron los grupos armados ilegales durante el conflicto armado en Colombia. En el texto, la entidad menciona las alianzas entre empresas multinacionales y grupos paraestatales como las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por aquella época, se intensificó el despojo de tierras promovida por entidades como el Fondo Ganadero de Córdoba, el cual tuvo nexos con el Bloque Norte de las AUC.
Entre los causantes de los crímenes a líderes campesinos dueños de tierra, estuvo Jaime Blanco Maya, contratista de la Drummond encargado de suministrar la alimentación de los trabajadores de la mina La Loma, ubicada en Cesar. Justamente, este sujeto, quien también ha sido uno de los principales testigos contra Augusto Jiménez, expresidente de la multinacional, y José Miguel Linares (nuevo presidente) por financiación a ‘paras’, tendrá que pedirle perdón a las víctimas de las Autodefensas.
Blanco Maya, actualmente acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— participará en el Octavo Encuentro de Memorias, organizado por el pueblo Wiwa y su comunidad Kogui Malayo Arhuaco.
El encuentro de memoria se llevará a cabo entre los próximos 28 y 30 de septiembre en la Sierra Nevada de Santa Marta y Riohacha y a este fue invitado Blanco Maya. Para las comunidades es importante tanto la presencia como el aporte que puede hacer el excontratista de la Drummond a este homenaje.
Asimismo, esperan que el compareciente en la JEP contribuya “en la concreción de procesos que aportan a la verdad desde los enfoques de justicia restaurativa y que abren caminos a la reconciliación” tanto en la región Caribe como en el resto del país. Vale mencionar que estas comunidades han afirmado que son pocas las medidas de reparación que han recibido por parte de comparecientes de Justicia y Paz, así como pocos los responsables que han comparecido ante este tribunal por masacres paramilitares.