A juicio por interés indebido en celebración de contratos, por el escándalo Vitalogic, podría ser llevado el candidato presidencial por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, luego que la Fiscalía presentara el escrito de acusación contra el candidato presidencial y otras seis personas.
Aunque Hernández asegura que no existen pruebas para acusarlo, el ente acusador sigue adelante afirmando que existen elementos suficientes para acusarlo e imputarlo.
El expediente judicial se abrió al candidato Hernández, junto con cinco de sus exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y un contratista.
La acusación con fecha del 12 de mayo de 2021, el fiscal le entregó una carpeta con 50 folios al juez de conocimiento que atenderá el juicio. Lo llamativo de esa acusación, es que contrario a lo afirmado por el candidato presidencial, en realidad el fiscal le dedicó diez páginas solo para enumerar las 108 pruebas entre documentales, periciales y testimoniales.
Entre las pruebas más llamativas y contundentes, estarían los correos electrónicos incriminatorios del propio gerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias, quien estaría intentando negociar algún beneficio legal con la Fiscalía, a cambio de confesar y delatar a todos los salpicados en el escándalo de Vitalogic.
Los acusados por el fiscal, además del ingeniero y exalcalde Rodolfo Hernández, son los exfuncionarios de la EMAB, José Manuel Barrera Arias (gerente); Rubén Enrique Amaya Vanegas (jefe disposición final); César Augusto Fontecha Rincón (director jurídico); Abelardo Durán Leiva (subgerente técnico operativo); Abigail León Nieves (subgerente administrativa y financiera) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.
Salvo el ingeniero Hernández, a todos los demás el fiscal los acusó por el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exalcalde será llamado a juicio solo por el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos.
Entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía, estarían las declaraciones de los dos contratistas, cuyos nombres habrían sido incluidos fraudulentamente para participar como “relleno”, en la convocatoria del contrato de consultoría por 344 millones de pesos y cuyo ganador ya había sido seleccionado previamente por el alcalde.
Entre las revelaciones que llevará a juicio el ente acusador, aparece la forma como habrían amañado el perfil del contratista por elegir, el cual debía ser un ingeniero químico.
De los tres oferentes que se presentaron a pujar por el millonario contrato, el único que cumplía con ese requisito de ser ingeniero químico, era el de Jorge Hernán Alarcón Ayala.
Los otros dos contratistas que supuestamente se presentaron a la convocatoria, eran un ingeniero civil y un ingeniero mecánico. La Fiscalía cuenta con las declaraciones de ambos, en las que aseguran que jamás se presentaron a esa convocatoria pública y que al parecer fueron suplantados con documentos falsos.
El escándalo contractual que persigue al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez se remonta a 2016 cuando era alcalde de Bucaramanga (Santander).