El exsenador y excandidato presidencial por el Partido Conservador David Barguil, acudirá al llamado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para dar las explicaciones que sean necesarias sobre su actuar entre 2017 y 2018 en las gestiones indebidas ante del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para favorecer millonarios procesos de contratación a favor de la alcaldía de Galeras, Sucre.
Este caso inició con una compulsa de copias que hizo la Fiscalía dentro de la investigación que le sigue al exalcalde de Galeras (Sucre), Remberto Javier Amell Hernández capturado en enero de este año, reveló en una investigación el diario El Tiempo.
Se alega que Barguil supuestamente habría gestionado el desembolso efectivo de una partida presupuestal proveniente de los llamados ‘cupos indicativos’ para cumplir con el convenio administrativo 480 de 2017 suscrito entre el DPS y la Alcaldía no buscando realmente la construcción de carreteras, sino para obtener un beneficio económico ilícito tanto para él como para el adjudicatario de las obras.
El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto hizo una inspección al proceso que se le sigue a Amell Hernández y a los hermanos Jorge Carlos y Héctor Julio Álvarez Rivero (también detenidos), al evidenciar que los elementos de prueba que allí existen corroborarían la existencia de un entramado criminal para garantizar recursos para obras en Galeras con las gestiones indebidas de congresistas, entre quienes estaría Barguil.
De hecho, al mismo tiempo, la Corte Suprema abrió otra investigación, por contratos diferentes al del caso Barguil, en contra de los excongresistas Sandra Elena Villadiego y Raymundo Elías Méndez Bechara por, supuestamente, también hacer gestiones con los cupos indicativos en favor de esa administración.
Las gestiones se habrían desplegado por los entonces congresistas ante el DPS, entidad que apropió dineros originados del Fondo de Inversión para la Paz a través de convenios firmados por el entonces alcalde.
La primera actuación irregular se habría hecho para la gestión del convenio 449 de 2016 suscrito para la construcción del pavimento de un tramo de la calle 12 de Galeras, con salida al corregimiento de Puerto Franco por 4.133.932.664 pesos, que fue adjudicado al Consorcio Galeras que representaba Jorge Carlos Álvarez Rivero.
En el expediente obra el testimonio de Héctor Julio Álvarez Rivero, uno de los procesados, así como una serie de interceptaciones telefónicas a los implicados, que indicarían que ese proceso habría sido orientado desde el comienzo, en un acuerdo criminal entre los hermanos y el alcalde en una conversación sostenida en 2016 en cafetería en el centro de Bogotá con el entonces congresista Méndez.
Esto, dice la actuación, se habría convertido en un patrón que se replicó en el convenio 480 de 2017 ya citado, pero esa vez la gestión indebida la habría hecho Barguil.
La Corte asegura que esa conclusión sobre la participación de Barguil se puede extraer del contenido de las interceptaciones telefónicas que evidenciarían que, una vez aprobados en el DPS los convenios 479 y 480 de 2017, se presentaron inconvenientes para identificar al “propietario” o titular del cupo indicativo con el cual se financiaría el negocio.
Para el despacho este es un asunto trascendental en el supuesto plan delictivo, no solo para el posible pago de coimas sino para dirigir los procesos de contratación. Para resolver la duda, entonces, los involucrados habrían acudido a María Andrea Agudelo, entonces funcionaria del DPS.
En la cita en las oficinas del DPS, el 21 de enero de 2018, se habría afirmado que el convenio 479 le pertenecía a Méndez Bechara y el 480 a un senador cuyos intereses eran representados por Elizabeth Mambuscay López y apellidado Gechem.
Pero luego, según las interceptaciones, el representante Barguil Assis habría increpado al entonces alcalde Amell, por lo que habrían ido juntos el 8 de febrero de ese 2018 a la oficina de Agudelo para esclarecer el asunto dejando claro que el cupo indicativo habría sido aportado por el político conservador.
Según el expediente, la plata desembolsada de recursos del FIP fue por 3.748.286.342 pesos para la construcción de una calle en el municipio, contrato adjudicado al consorcio Galeras 2018, representado por Jaime Enrique Echenique Vélez.
Ese consorcio estuvo conformado por las empresas Ingeniería IVH S.A.S. y Tech Ingeniería S.A.S., esta última cuya razón social fue originariamente CDH Ltda.
¿Qué dice Barguil?
Barguil hizo público un comunicado en el que aseguró que siempre ha sido respetuoso de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias y señaló que “esta no será la excepción. Esa es la conducta que me ha caracterizado a lo largo de mi vida como servidor público”.
“Atenderé todas las diligencias y citaciones que tenga a bien efectuar la Honorable Corte y será en ese escenario en donde daré todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal”, agregó.
Barguil señaló que como se trata de un proceso en etapa de investigación, la cual es reservada por ley, “me abstendré de dar declaraciones públicas en relación con cualquier asunto relacionado con el proceso y será al interior del mismo en donde me pronunciaré y ejerceré mis derechos como corresponde”.
Según Barguil, cualquier manifestación por fuera del conducto procesal no sería respetuosa de las actuaciones que adelanta Corte e implicaría necesariamente pronunciarse sobre hechos y diligencias que hoy tienen reserva. Hasta el momento no se ha fijado fecha para la indagatoria.