La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la Universidad Popular del Cesar (UPC) tomó un nuevo impulso con el allanamiento realizado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes llegaron desde Bogotá para recaudar material probatorio dentro del proceso.
La diligencia judicial se desarrolló en las instalaciones de la institución de educación superior en Valledupar y hace parte de una investigación penal que involucra a Juliana Guerrero y al exrector Robert Romero Ramírez.
De acuerdo con las indagaciones, el ente acusador busca establecer si Romero Ramírez, Guerrero y el propio Echavarría habrían incurrido en posibles conductas delictivas y presuntas anomalías administrativas relacionadas con un proceso de designación dentro de la universidad.
Durante el operativo, los investigadores recopilaron documentos y otros elementos que serán analizados como parte del proceso para determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley en la materialización de dicho nombramiento.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre los hallazgos obtenidos durante el allanamiento, mientras continúan las labores investigativas para esclarecer los hechos y definir eventuales responsabilidades penales.
La actuación judicial representa uno de los avances más importantes dentro de este caso que mantiene la atención de la comunidad académica y de las autoridades en el departamento del Cesar.