La exreina y actriz Yeimy Paola Vargas Gómez fue llevada ante la justicia luego de que la Fiscalía la señalara de, presuntamente, haber engañado al Estado para obtener beneficios económicos indebidos.
De acuerdo con la investigación, Vargas habría presentado un título técnico que no tendría validez con el fin de colarse en mejores condiciones dentro de un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Ese documento, supuestamente expedido por una institución en Bucaramanga, le habría permitido inflar su perfil profesional y acceder a honorarios más altos.
El contrato, firmado en marzo de 2025 por 55 millones de pesos, terminó anticipadamente meses después.
Sin embargo, para ese momento, la actriz ya habría recibido más de 8,6 millones de pesos que, según la Fiscalía, no le correspondían.
Las autoridades consideran que este movimiento no fue un simple error administrativo, sino una maniobra para obtener recursos públicos de manera irregular. Por estos hechos, una fiscal en Bolívar le imputó cargos por falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
Pese al peso de las acusaciones, Vargas Gómez decidió no aceptar los cargos y ahora deberá enfrentar el proceso judicial para definir su responsabilidad en este caso que vuelve a encender las alarmas sobre la contratación estatal.