La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al protocolo anunciado para regular el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades cuando se presenten hechos de violencia o alteraciones del orden público.
El organismo pidió que cualquier medida preserve la autonomía universitaria y diferencie claramente entre una protesta pacífica y hechos que puedan constituir violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.
La Defensoría fue enfática en señalar que las asambleas estudiantiles, la deliberación académica, las expresiones de inconformidad y las manifestaciones políticas no son, por sí mismas, razones suficientes para justificar el ingreso de agentes de la Fuerza Pública a los campus.
Cuando se presenten hechos violentos, la respuesta de las autoridades debe dirigirse específicamente contra quienes estén involucrados y no convertirse en una intervención generalizada contra estudiantes, profesores, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria.
Aunque la autonomía universitaria no impide que las autoridades actúen en circunstancias excepcionales, como determinados casos de flagrancia, la Defensoría recordó que toda intervención debe tener respaldo jurídico y cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El organismo también pidió que el diálogo y la mediación tengan un papel central antes de acudir al uso de la fuerza y reclamó una participación amplia de las universidades y demás sectores involucrados en la elaboración del protocolo anunciado por el Ejecutivo.