El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, y a la IPS Universidad de Antioquia deben garantizar a los isleños los servicios de salud, mientras inicia sus operaciones la recién creada Empresa Social del Estado, afirmó en las últimas horas la Contraloría General.
Según el ente de control se hace necesario la atención de los nativos mientras se formaliza la consolidación jurídica de la empresa prestadora de salud departamental creada por ordenanza el 29 de julio de año 2020.
El contralor General Carlos Felipe Córdoba, dijo “no se puede terminar por anticipado el contrato del operador que administra la ESE de San Andrés, en estos momento de emergencia sanitaria ocasionadas por la pandemia del covid-19”.
De igual forma Córdoba, solicito a la Gobernación de San Andrés y a la IPS Universitaria el pago inmediato que la entidad le adeuda al personal de salud y médicos especialistas, que asciende a $6.182 millones.
Así mismo, hizo un llamado a la entidad territorial y al Gobierno Nacional, tras evidenciar la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que requieren de una intervención urgente para la prestación del servicio de radiología.
El contralor también le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, suministrar los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la pandemia en la Isla.