Redacción: laregional.net
Los damnificados del desbordamiento del canal del Dique y del invierno de 2010 en el departamento del Atlántico están abandonados a su suerte por la indiferencia de la gobernadora Elsa Noguera, que no realizó hasta el momento ninguna gestión para lograr la conclusión de los proyectos de vivienda para su reubicación definitiva.
Si bien los proyectos son financiados por el Fondo Adaptación a nivel nacional a través de Comfenalco Valle que a su vez contrato con terceros la ejecución de los proyectos, a la mandataria no se le conoce ningún pronunciamiento, ni ha dado a conocer el resultado de una gestión suya para obtener sus viviendas dignas en reemplazo de lo perdido bajo las aguas.
El sentir general de los damnificados es “la indiferencia de la gobernadora Noguera” frente a sus padecimientos, actitud que heredó del gobernador anterior, Eduardo Verano de la Rosa, quien fue el mandatario en el momento del desastre, pero en un segundo período que antecedió al actual, tampoco hizo nada para concluyeran las obras.
Verano y Noguera son de la misma extracción política, ambos son “charistas”, es decir cumplen órdenes de Fuad Char, Alejandro Char y Arturo Char, los dos últimos hijos del primero con la difunta Adela Chaljub.
La Contraloría General de la República, incluyó al departamento del Atlántico, por esta delicada situación de las obras inconclusas de los proyectos de vivienda, que incluye proyectos mal diseñados, mal ubicados y con fallas técnicas protuberantes como la falta de estudios de suelo y de riesgo.
En todo caso ni para corregir, ni para exigir la terminación de los proyectos, ni para resolverle a los damnificados su “calvario” de una década, en el primer año de su gobierno. Noguera, “no movió una paja” para resolver los problemas y favorecer a los perjudicados con la negligencia oficial del Fondo Adaptación.
Los perjudicados con la indiferencia de la mandataria del Atlántico están ubicados en Puerto Colombia, Manatí, Campo de la Cruz, Santo Tomás, Palmar de Varela. La Contraloría calificó “de alto riesgo” la situación de estos proyectos de vivienda que en la práctica están abandonados y son “de gran impacto social” por la condición de vulnerabilidad de las familias afectadas.
El caso del Atlántico está involucrado en 51 proyectos de viviendas inconclusas cuyo valor es de $208.000 millones de pesos.