Hallazgos de presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), anunció el director de la entidad, Javier Pava. Las faltas incluyen concentración de contratos, así como contratación sin soportes financieros.
Se halló que más de 23 proyectos fueron contratados con Carlos Francisco Díaz-Granados Guerra, quien registró 23 proyectos entre 2021 y 2022 en la región Caribe y Santander, que suman más de medio billón de pesos, lo que el director considera “un favorecimiento explícito”.
Así mismo, el hallazgo de contratos por 332 mil millones de pesos en órdenes de proveeduría (maquinaria amarilla) sin soportes financieros (Certificados de Disponibilidad Presupuestal o CDP), es decir no tienen respaldo.
Según Pava, “el Gobierno saliente dejó endeudada a esta entidad con este valor, sin que haya recursos para responder”. De esta forma, hay reclamaciones de muchos de los contratistas de maquinaria amarilla, dado que la unidad no ha podido responder. Además, sostuvo el funcionario, varios de los contratos se realizaron sin la firma del contratista e incluso sin la del anterior director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.
Pero los problemas en contratación no solo se dio en obras, sino también en ayudas humanitarias, como alimentación de emergencia, “pero solo el 12 por ciento se utilizaba para ese fin, el resto de recursos se catalogaban como ‘otros gastos’, por lo que no es claro en qué se utilizó este dinero, que asciende a más de 4.500 millones de pesos”.
«De la contratación asociada al manejo de riesgos y desastres, encontramos que de los proyectos de mitigación, tenemos un 28 por ciento de obras siniestradas, con problemas de ejecución, porque fueron contratados sin diseños». Pava también habló de18 proyectos con indicios de irregularidades que ya están siendo investigados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República. Al igual, la Fiscalía se encuentra en etapa de investigación judicial frente a proyectos con presuntos indicios o irregularidades en su viabilidad y aprobación técnica.