La red pública hospitalaria del Cesar atraviesa una de sus peores crisis financieras y podría suspender parcialmente sus actividades a partir del próximo 1 de agosto, como consecuencia de la millonaria cartera que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con los hospitales del departamento.
La preocupante situación fue analizada durante una mesa de trabajo extraordinaria convocada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, en la que participaron los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y el senador Didier Lobo Chinchilla.
Durante el encuentro se expuso el panorama que enfrentan ocho hospitales públicos, entre ellos el Rosario Pumarejo de López de Valledupar, José David Padilla Villafañe de Aguachica, San Juan Bosco de Bosconia, Cristian Moreno Pallares de Curumaní y el Hospital de Agustín Codazzi, instituciones que reportan serias dificultades para sostener su operación.
De acuerdo con el balance presentado, las EPS adeudan $355.969 millones a las 28 ESE e IPS públicas del Cesar. A esta situación se suman las pérdidas ocasionadas por la liquidación de varias aseguradoras y la falta de reconocimiento de los servicios prestados a población migrante, factores que han deteriorado aún más las finanzas del sistema.
La gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila advirtió que la falta de liquidez compromete la continuidad de la atención médica y anunció que, en coordinación con los gerentes de los hospitales y la bancada parlamentaria del Cesar, se promoverán acciones ante los organismos de control para exigir el pago de las obligaciones por parte de las EPS.
Los directivos hospitalarios señalaron que la crisis ha llevado a varias instituciones a operar con déficit financiero, dificultando el pago oportuno de salarios al personal médico, asistencial y administrativo, además de limitar la adquisición de medicamentos, insumos y otros recursos indispensables para la prestación de los servicios.