El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, presidió la audiencia de legalización de captura y elementos incautados en contra de Francisco Meza Altamar, Antonio María Andrade Zambrano Y Belkis Leonor Jiménez Nieves, quienes fueron imputados por la Fiscalía 12 Seccional Unidad de Administración Pública por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado.
Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, fueron programadas por el juez de conocimiento para hoy viernes a las 8:20 de la mañana.
Como se recordará, el alcalde, el contratista y la exfuncionaria de la Alcaldía de El Copey fueron capturados la mañana del jueves en el puesto de control vial Los Cauchos. Permanecen a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) en Valledupar.
POR QUÉ LA CAPTURA
El alcalde Francisco Meza adjudicó alrededor de 14 contratos a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundecop, en la cual fungía como gerente y represente legal hasta el 2020.
También celebró contratos con Servicios Integrales del Caribe S.A.S., propiedad del hermano del mandatario, Marciano de Jesús Meza Altamar y de la exsecretaria de Inclusión Social, cultura, deporte y recreación del municipio, Belkis Leonor Jiménez Nieves, quien está siendo investigada.
Presuntamente el acuerdo era beneficiar con 4.000 millones de pesos a la exsecretaria y el exrepresentante legal de Sicarcol S.A.S. y socio controlador de la empresa.
“El alcalde Francisco Meza creó una empresa con un carrusel de contrataciones, en la que solo se beneficiaban las empresas del mandatario y así llenarse los bolsillos. Se hizo justicia, Meza estaba inició el ilícito con la compra de un lote que luego vendió a una empresa en la que fungía como representante legal para luego venderlo al municipio por un monto exagerado”, explicó el jurista Abel Barrios Angulo. En tal sentido, la Fiscalía consideró que el alcalde violó la Ley 80 de 1993, que regula la transparencia en la contratación pública en el país, por lo que solicitó ante un juez la respectiva orden de captura