El abogado Juan Gregorio Eljach Pacheco, quien pasó su niñez en el municipio de Villanueva, La Guajira es el autor de la obra ‘La pérdida de investidura de los congresistas’, en donde hace una análisis de la Ley 1881 de 2018, presentando un estudio analítico y crítico sobre antecedentes, causales, dudas, con las que el lector podrá comprender esta figura de rango constitucional.
En la obra los amantes de la lectura podrán despejar dudas sobre la sanción a los congresistas contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991.
Eljach Pacheco es actualmente candidato a Procurador General de la Nación y cuenta con una amplia formación académica, por lo que ahora presenta su decimoctava obra literaria, el marco normativo y contencioso de la pérdida de investidura, una reflexión sobre la causal de inasistencia a las sesiones plenarias y que ha llevado a 69 congresistas en 26 años a perder su condición de miembros del legislativo de acuerdo a cifras del Consejo de Estado.
La obra está dividida en tres capítulos, el primero adelanta una exploración integral de la pérdida de investidura, presentando antecedentes históricos y referentes en el derecho, descripción de las causales, sus caracteres de juicio, así como las eximentes de responsabilidad y las diferencias existentes entre la acción de nulidad electoral y la acción de pérdida de investidura.
El segundo capítulo se concentra en los cambios introducidos por la ley, su estructura, el principio de favorabilidad y la transición normativa; a medida que el lector se adentra a la obra, encuentra en el capítulo tercero la causal de inasistencia de los congresistas y puede comprender los antecedentes, descripción de la causal, así como diferencias entre no votar y no asistir.
Gracias a la manera como el autor aborda la temática del libro, la obra desde ya promete ser una guía de consulta no sólo para estudiantes de derecho, juristas y conocedores del tema, sino para lectores ávidos de adentrarse al ámbito de las leyes colombianas, ejemplo de ello, citas donde explica que cualquier ciudadano puede denunciar a un congresista ante el Consejo de Estado y hacer valer sus derechos.