En Colombia nos hemos acostumbrado a condenar la violencia con los micrófonos encendidos y a negociar con ella cuando las cámaras se apagan.
Esa es la verdadera doble moral que hoy alimenta el poder de los grupos armados ilegales en La Guajira.
Mientras empresarios, comerciantes y dirigentes políticos exigen más seguridad al Estado, algunos terminan, por miedo o conveniencia, buscando protección en quienes dicen rechazar.
Es una realidad incómoda de la que pocos hablan, pero que explica, en buena medida, por qué las organizaciones criminales siguen creciendo y consolidando su dominio territorial.
La expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lideradas por Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue posible por la ausencia del Estado, la incapacidad de las autoridades para contener el crimen organizado y la llegada de estructuras delincuenciales provenientes del estado Zulia, en Venezuela, que encontraron en La Guajira un territorio fértil para la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el sicariato.
Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure dejaron de ser solamente municipios fronterizos para convertirse en escenarios de una guerra criminal donde los ciudadanos son las principales víctimas.
Comerciantes obligados a pagar vacunas, familias desplazadas por el miedo y jóvenes reclutados por organizaciones ilegales son parte del costo que hoy paga la región.
Durante años, alias ‘Yerson Masacre’ fue señalado como uno de los principales responsables de sembrar terror en La Guajira mediante una estructura dedicada, presuntamente, a las extorsiones y los asesinatos selectivos.
Tras su muerte y la de varios de sus hombres de confianza, las ACSN fortalecieron su presencia y asumieron el control de amplias zonas del departamento, mientras otros grupos, como «Los JJ», continúan disputándose las rentas ilegales.
Lo más preocupante es que esta guerra no solo se libra con fusiles. También se alimenta con el silencio, el miedo y, en algunos casos, con la complicidad. Cuando un comerciante decide financiar a un grupo armado para que lo proteja de otro, deja de ser únicamente una víctima y, aunque actúe bajo presión, termina fortaleciendo el mismo fenómeno criminal que después denuncia.
Lo mismo ocurre cuando sectores políticos prefieren guardar silencio porque la violencia no afecta sus intereses electorales.
Las preguntas son inevitables. ¿Cómo es posible que los principales cabecillas de estas organizaciones se desplacen por las carreteras de La Guajira si el Ejército y la Policía mantienen retenes permanentes? ¿Dónde está la inteligencia militar? ¿Quién responde por la expansión de estas estructuras? ¿Se trata únicamente de falta de capacidad o también existen redes de corrupción que facilitan su operación?
La ciudadanía merece respuestas, no discursos. La Guajira no puede seguir siendo un territorio donde el crimen organizado impone las reglas mientras el Estado llega siempre después de las masacres, los secuestros y las extorsiones.
La paz no se construye negociando con los violentos mientras se abandona a los ciudadanos. Tampoco se alcanza cuando algunos empresarios, comerciantes o dirigentes terminan legitimando, directa o indirectamente, a quienes han convertido la violencia en un negocio.
Si realmente queremos derrotar a las organizaciones criminales, el primer paso es acabar con la doble moral. Porque mientras unos las combaten de día y otros las financian de noche, la guerra seguirá teniendo quien la sostenga.
Y la pregunta final es inevitable: ¿quiénes son realmente los responsables del crecimiento de los grupos armados ilegales? ¿Solo quienes empuñan un fusil o también quienes, por miedo, interés o conveniencia, les permiten seguir existiendo?