La historia Expediente «Jorge Piedrahita»: Una empresa criminal para quedarse con las acciones del Distrito en la SPRC (IV)

Así lucía Piedrahita en la cárcel. El 11 de noviembre de 2010, Piedrahita, disminuido física y mentalmente, aparece preso en noviembre de 2010. Menos de un año después, murió olvidado.

Con whisky incluido, conspicuos líderes políticos y empresariales celebraban, como si fueran las fiestas de Baco o Dionisio, en el edificio Isla del Sol del barrio exclusivo de Bocagrande, el 31 de octubre de 2007. ¿El motivo? El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena había condenado al médico cirujano Jorge Piedrahita Aduen a la pena principal de 5 años y 8 meses de cárcel por el delito de injuria y calumnia y fraude procesal.

Cuatro años después, 16 de septiembre de 2011, Jorge Alfonso Piedrahita Aduen murió olvidado. Irene Piedrahíta, hija, había denunciado la inminente muerte de su padre. Pero la justicia, lo volvió a meter en la cárcel de Ternera.

Piedrahita fue un romántico, como él mismo lo dijo poco antes de morir, en creer en la justicia para rescatar lo que le pertenecía al pueblo de Cartagena, como eran las 233.109 acciones. En esa época yo vivía una persecución similar a raíz de mi enfrentamiento con el presidente del congreso, Javier Cáceres Leal. Pero a diferencia de Piedrahita, Cáceres se fue a la cárcel en 2011 y yo quedé libre, sano y salvo para seguir contando estas historias.

¿Cuál fue la falta de Piedrahita? Se había atrevido a presentar una acción popular para rescatar las 233.109 acciones que el Distrito tenía en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), y que el Clan García Romero se las había embolatado. Si bien es cierto que la Fiscalía precluyó una investigación a favor de Gabriel Antonio (el Gabrie) García Romero, el alcalde que hizo la venta de las acciones valiéndose de un vulgar carrusel, existían elementos fácticos que el ente investigador no tuvo en cuenta.

La tesis de la penalista Daira Galvis Mendez, hoy destacada senadora de Cambio Radical y benefactora de la SPRC, era que Piedrahita había cometido fraude procesal porque ocultó al Tribunal Administrativo de Bolívar en su acción popular que la Fiscalía había precluido la investigación contra “El Gabrie”.

El juicio contra Piedrahita, que se inició el 17 de julio de 2007, estuvo plagado de muchas irregularidades que ocultan la verdad verdadera. Si bien es cierto que se concluyó con la condena de Piedrahita, todo hace indicar que hubo un presunto complot de los actores principales de este hecho jurídico para perseguir implacablemente al médico cirujano, conocido como el Veedor Ciudadano.

Además de los fiscales, deben responder los administradores de justicia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena. También los tres directivos de la SPRC que instauraron la denuncia penal: capitán de navío (r) Alfonso Salas Trujillo (gerente general), Anibal Ochoa Escobar (presidente) y Gerardo Rumié Sosa. Igualmente Gabriel Antonio García Romero y Juancho García Romero (primos hermanos), quienes aparecen como los responsables del embolate de las acciones. De la misma manera, la historia debe interrogar a la penalista Daira Galvis Mendez, como autora intelectual de la tesis del presunto fraude procesal.

No están exentos de responder los defensores de Piedrahita, por su magra defensa, tales como Luis Eduardo Liñan Puello, Hugo Guzmán Fonseca, entre otros.

¿Una muerte de Estado?

Los presidentes Uribe y Santos respaldaron al Clan García Romero en la toma de la SPRC. Ellos se iban a tomar whisky en el edificio Isla del Sol.

Para matar a Jorge Piedrahita Aduen no se necesitó cianuro, como en las muertes de Odebrecht, sino una sistemática persecución judicial y extrajudicial que lo diezmó y lo llevó a la tumba. Esta persecución judicial, que se convirtió en una persecución política,  la adelantó el trío que ostenta la mayoría de las acciones de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena: capitán de navío (r) Alfonso Salas Trujillo (gerente general), Aníbal Ochoa Escobar (presidente) y Gerardo Rumié Sosa.

Pero estos directivos no son impolutos. Los dos primeros, (Ochoa Escobar y Salas Trujillo), en una oportunidad fueron devueltos cuando pretendían entrar a los Estados Unidos. Ochoa y Salas tienen o tuvieron problemas con la DEA por narcotráfico, paramilitarismo y terrorismo. (Esta historia la desarrollaré con pelos y señales en una próxima entrega).

Una de Piedrahita le hace recordar al periodista, quien esto escribe, su propia historia. Tengo, no una sino diez denuncias penales y media docena de acciones de tutela contra mí y varias amenazas de muerte. He sobrevivido a 4 atentados y he estado secuestrado dos veces por la guerrilla. Sobreviví al intento de asesinato orquestado por José María Mono López Gómez, exalcalde de Montería y exgobernador de Córdoba.

El enfrentamiento que tuve con el Mono López fue porque investigué la masacre de El Tomate, de Montería, donde apareció como autor intelectual. Lamentablemente cuando fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, murió de un infarto. No pudo ser llevado a la cárcel por sus crímenes.

Ahora mismo pesa sobre mí una espada de Damocles de cinco (5) días de arresto. Supuestamente le estoy violando el derecho al buen nombre y a la libertad de fe al excéntrico y oportunista pastor Miguel Arrázola que trafica con las creencias de su noble feligresía. Y no sé qué más se podrán inventar para acabar con la verdad.

Pero a diferencia de Piedrahita, este periodista no se deja arrastrar por esas malquerencias. Podrán encarcelar al periodista, pero jamás encarcelarán la verdad.  Sus crímenes de Estado buscan tapar otro crimen: el robo de lo que le pertenece al pueblo. ¡Y el pueblo tiene que despertar y romper cadenas!

El inicio de la muerte de Piedrahita

La sentencia de muerte de Piedrahita se inició el 3 de febrero de 2005 cuando el bufete de la hoy senadora de la República, Daira Galvis Méndez, presentó denuncia penal por injuria y calumnia, y fraude procesal, contra el Veedor Ciudadano. El poder, como se ha dicho, se lo confirieron Aníbal Ochoa, Alfonso Salas y Gerardo Rumié, según el expediente No 33692 de la Corte Suprema de Justicia.

La tesis criminal de la penalista Galvis se basaba en que Piedrahita había iniciado una campaña de desprestigio contra la sociedad portuaria y sus principales accionistas cuando el 2 de febrero de 2002 presentó una acción popular para rescatar las acciones del Distrito en la Sociedad Portuaria, a sabiendas que la Fiscalía había precluido una investigación a favor de los presuntos responsables.

Muy pronto, el 2 de mayo de 2005, la Fiscalía se pronunció con medida de aseguramiento de detención preventiva, y luego sustituida por domiciliaria contra Piedrahita Aduen, como presunto responsable de los delitos de fraude procesal, injuria y calumnia.

En un operativo de allanamiento, el CTI se presentó en la residencia de Piedrahita para capturarlo. El procesado, 72 años en ese entonces, se sube en una escalera de madera de la cual se cae y se fractura las dos piernas. Posteriormente Piedrahita fue internado en la clínica Cemic que dirige Cristian Ayola. A las 8:30 de la mañana del 23 de octubre de 2010, el veedor fue internado en la Cárcel de Ternera, pese a encontrarse muy enfermo y disminuido física y mentalmente.

Piedrahita en la cárcel

En la cárcel, el veedor Jorge Piedrahíta Aduén, se enferma más y se abstiene de ingerir alimentos, mientras sus perseguidores celebraban con whisky en el edificio Isla del Sol del barrio exclusivo de Bocagrande, Cartagena. Sus familiares denunciaron irregularidades en el traslado a la cárcel. El estado de salud de Jorge Piedrahita era delicado y debería estar internado pero en un hospital.

El 2 de agosto de 2005, la Fiscalía emitió la resolución de acusación por los tres referidos comportamientos punibles. La decisión queda en pie el 3 de septiembre cuando, ante su falta de sustentación de la defensa, fue declarado desierto el recurso de apelación. En este caso vale la pena hacerles una pregunta a los defensores de Piedrahita. ¿Por qué hubo una falta de sustentación de la defensa para oponerse a la acusación?

Si bien es cierto que al médico cirujano Piedrahita Aduen lo condenaron por injuria y calumnia, y fraude procesal en primera y segunda instancia y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo de declarar la nulidad del proceso, el Alto Tribunal, manifestó su extrañeza que la defensa cometiera tantos yerros al no utilizar adecuadamente los recursos de ley para una defensa idónea. ¿Será que alguno de la defensa estaría complotado con la SPRC y el Clan de los García?

Interrogantes finales

Cartagena, corazón del Caribe, víctima de los piratas y bucaneros.

Se conoce la verdad procesal, ¿acaso no se ha ocultado hasta hoy la verdad verdadera? ¿Se necesitará una Comisión de la Verdad para hallar las 233.109 acciones y esclarecer el juicio contra Piedrahita? ¿Podrán los actores del juicio renunciar a la prescripción penal y someterse al tamiz de la verdad histórica en este sonado juicio?

La senadora Daira Galvis Méndez, ¿podrá en el congreso responder a los interrogantes que algunos de sus colegas les puedan hacer sobre este proceso en un futuro debate sobre las sociedades portuarias de Colombia? ¿En qué ha intervenido Daira Galvis, como senadora de la República, para favorecer a las sociedades portuarias? ¿Podrá Daira Galvis renunciar a la prescripción y solicitar a la Corte Suprema de Justicia una investigación penal sobre este juicio?

¿Podrá Gabriel Antonio (el Gabrie) García Romero y Juancho García Romero, tener la gallardía de renunciar a la prescripción penal de la desaparición y venta de las 233.109 acciones del Distrito en la SPRC con el fin de hallar la verdad verdadera? Si lo hacen, me quitaré el sombrero cuando pasen al frente mío.

Colofón. No se pierda la entrega periodística del día en que el gobierno de los Estados Unidos devolvió a Colombia al capitán de navío de la Armada Nacional, Alfonso Salas Trujillo. Además de cómo Aníbal Ochoa Escobar dejó de estar en la mira de la DEA por narcotráfico.

 

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