Redacción: Sandra Santiago Barbosa
Adoptar de manera urgente las medidas para evitar el asesinato de excombatientes de las Farc-EP, fue la orden que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y otras entidades.
A la fecha más de 250 excombatientes de las Farc-EP han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz, por lo que considera que no son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc-EP.
Así lo advirtió la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP quien emitió órdenes a distintas instituciones para que adopten las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de 9 mil excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación después de la firma del acuerdo.
“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado. La muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos”, dijo la JEP.
Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las Farc-EP, la jurisdicción encontró que se cumplen con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades, como a los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como exhortar a la Procuraduría General para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas.
Las órdenes que impartió la Sección el 26 de febrero se dan luego de convocar a una Audiencia Pública Nacional —el pasado 25 de noviembre— donde los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del acuerdo de paz.
A partir de esa radiografía, la Sección de Ausencia de Reconocimiento emitió los autos con los que ordenó al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad. Requirió al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, entre otros.