Redacción: laregional.net
Debido a que más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le pidió al consejero Presidencial, Emilio Archila que se adopten e implementen medidas para proteger la vida de los desmovilizados de las Farc-Ep.
El requerimiento lo hicieron dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes forzosos, y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes.
Además requirió al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Alfonso Campo Martínez, para que presente un plan de acción y las alternativas que tiene para atender las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.
A Campo Martínez también le solicitó que nombre y termine la contratación de 686 escoltas y 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; lo mismo, que destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021.
En caso de que estos dos funcionarios no cumplan con las medidas solicitadas, les serán impuestas medidas correccionales.
Para la JEP los excombatientes no han tenido la atención necesaria a sus necesidades y protección de sus derechos, la vida e integridad.