Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, del nombramiento de los embajadores en Caracas y en Bogotá, hoy se reabre la frontera, hecho del cual se desprenden algunas situaciones en materia comercial y de seguridad que se ubican entre los retos de ambos gobiernos.
Más allá de los temas comerciales, la reapertura de la frontera supone retos en otros ámbitos. Ya la investigadora Lina Arroyave, de Dejusticia, abordó las preocupaciones de cara a la migración. Ahora, varios docentes analizan la decisión frente a la seguridad. Así, por ejemplo, según comenta Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), “pasar de una frontera cerrada a una que no lo está, pues puede estar abierta pero no necesariamente usándose, les quita a las organizaciones criminales el monopolio que han adquirido sobre el comercio. Así, se estaría privando a la criminalidad de las rentas ilegales, siendo tal vez el principal alivio que genera la reapertura de la frontera”.
Ante la posible pérdida del control, un aumento de la extorsión. “Esto, en un intento de las organizaciones criminales de mantener sus rentas. Aunque muy probablemente esto será un reto más importante para el lado venezolano que para el colombiano, pues Colombia va a ser más un proveedor que un comprador”, agrega el docente.
A lo anterior, Víctor Mijares, profesor de Estudios Globales de la Universidad de los Andes, agrega que uno de los grandes retos tiene que ver con los grupos ilegales y cómo estos se aprovechan de los migrantes. “Aquí entra el control de los pasos legales e ilegales, la coordinación policial, entre la Policía Nacional y la Guardia Nacional, la coordinación tributaria, entre la DIAN y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y la coordinación militar”. Según comenta, todo esto requiere “una clara coordinación política” que permita desmontar la desconfianza que hay y las mafias que se han creado a lo largo y ancho de la frontera.
Y es que varios actores ilegales hacen presencia en los límites entre Colombia y Venezuela. Los PEP, por ejemplo, bajo una red de corrupción, serían los responsables de tramitar cédulas y visas falsas para los venezolanos que deciden migrar.
En lo que respecta al vecino país, Mijares comenta que “eso es un problema que se tiene que resolver en Venezuela y no lo puede resolver Colombia, más allá de la intención que tenga el gobierno de Petro, porque es un asunto interno venezolano de dar o no dar documentos. En la medida en la que no se ofrezca la posibilidad a los ciudadanos de tener un acceso normal a la documentación pertinente, se van a crear estas mafias”.
Por su parte, Nastassja Rojas, profesora de la Universidad Javeriana y consultora en derechos humanos, afirma que “esas bandas, como los PEP, van a seguir existiendo, precisamente porque la población venezolana, a pesar de que en el país se emiten documentos como el pasaporte, la mayoría no cuenta con los recursos para sacarlos. Suponiendo que lo hagan, esto no quiere decir que van a poder acceder a los documentos que necesitan para poder migrar de forma regular. Estas bandas seguirán existiendo y, por otro lado, el tema de migración no ha sido un tema en la agenda. De hecho, se ha tratado de ignorar en el gobierno de Gustavo Petro y en el régimen venezolano”.