La Constitución política, consagrada como la carta magna, intuida dentro de los preceptos de estado social de derecho nos garantiza una remuneración mínima y vital, por su parte el Código Sustantivo del Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo y suficiente para cubrir sus necesidades mínimas y la de su familia.
El nuevo gobierno ha radicado un proyecto de ley de financiamiento, previendo mayor afluencia financiera y tapar el hueco fiscal generando con ello choque con los mandatos constitucionales y legales, habida cuenta que estos buscan asegurar al trabajador y a su familia satisfacer las necesidades básicas en condiciones de vida digna y que a su vez le permita proveer educación para sus hijos.
Lo anterior debido a que dicha ley pretende gravar con el IVA los productos de la canasta familiar perjudicando a la clase media colombiana quien verá mermada su posibilidad de acceder a los artículos básicos de la canasta familiar, obligándolos a buscar alternativas que van en contravía de una adecuada, variada, balanceada y nutritiva alimentación.
Además, la polémica ley propone el cobro del 5% por concepto del IVA a las boletas de entrada a cine, los eventos deportivos, culturales, musicales y de recreación familiar, coartando con ello la oportunidad y el derecho a los trabajadores colombianos y sus familias al entretenimiento, la recreación, esparcimiento y diversión.
Sumado a ello como está redactada esta ley se gravaría con el IVA la venta de vivienda usada, causando un gran impacto a los colombianos de menos recursos, que por sus ingresos no cuentan con la posibilidad de adquirir vivienda nueva, contribuyendo con esto a la violación del derecho de una vivienda digna de todo colombiano.
Es de anotar que el precio de la gasolina sufrió un alza, convirtiéndola en la más cara de américa latina, trayendo como consecuencia de incrementos en el transporte y demás sectores que dependen de este factor, vulnerando el acceso al transporte y desplazamiento del trabajador acorde a unas tarifas justas y acordes a sus ingresos.
Reconocemos la imperiosa necesidad del Estado de recaudar recursos que le permita cumplir con sus fines, garantizar los programas sociales, efectuar las inversiones necesarias para el postconflicto, coadyuvar a las menos favorecidos con los subsidios, pero también somos conscientes del deplorable salario que percibe la clase media y baja y su pequeño poder adquisitivo, negando la posibilidad Para el goce efectivo de sus derechos.
Por ello se requiere que el gobierno y legislativo busquen soluciones que permitan alternativas de recaudo, financiación y saneamiento fiscal al presupuesto del
próximo año sin perjudicar la clase media trabajadora, respetando lo preceptuado en la Declaración de universal de los derechos humanos en su artículo 25, donde al referirse a la subsistencia digna establece: (…) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [-que no exclusivamente-], la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.
Si no se logra este consenso y aplican otras medidas que garanticen el no gravamen de IVA de estos sectores, estaríamos condenando a la gran mayoría de colombianos a la imposibilidad económica de una vida digna, lo que resultaría contraproducente, puesto que el estado está llamado a garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, en mala hora seria el mismo estado que se los vulnere.