Por: Maye Rodríguez
A través de un comunicado firmado por el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, expresó su rechazo y resistencia frente al paro armado del Clan del Golfo en el territorio, acciones que son repudiadas por varias organizaciones de la sociedad civil.
“Impugnamos y denunciamos los actos criminales y violatorios de los derechos humanos ejecutados por las AGC – Clan del Golfo y les exigimos que cesen de inmediato sus hostilidades, a que abandonen sus actividades criminales y a que depongan las armas, se desmovilicen y dejen en paz a la comunidad. No más tráfico de estupefacientes en nuestras poblaciones y a través de nuestros territorios; no más extorsión y extractivismo; no más reclutamiento de jóvenes y violencia sexual; no más amenazas y violencia contra lideresas y líderes sociales; no más asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y despojos”, manifestaron.
Desde el Espacio Regional, también criticaron el manejo que le ha dado el Gobierno nacional a la situación.
“Si bien la culpabilidad por los abominables hechos de sangre, dolor y miedo que se han exacerbado en esta triste coyuntura recae directamente sobre las AGC – Clan del Golfo y su indolente decisión de atacar y confinar a la ciudadanía y a las comunidades, la responsabilidad por la estructuración del régimen de terror que se ha venido imponiendo en los territorios donde se ha hecho trizas la paz recae sobre el Estado colombiano, las políticas del actual gobierno, y el silencio cómplice de las autoridades locales y regionales”, dijeron.
Las organizaciones reclaman mayor atención y solicitan la presencia urgente de la comunidad internacional como garantía confiable para salvaguardar la integridad de las personas que habitan en los Montes de María.
“Exigimos un cambio de actitud responsable, así como un viraje profundo en las políticas públicas por parte del Gobierno nacional, los órganos de control y las autoridades civiles, policiales y militares en nuestra región. Queremos, necesitamos volver a confiar en nuestra fuerza pública, en nuestros funcionarios y nuestros gobernantes. No más consejos de seguridad a espaldas de las organizaciones sociales del territorio, no más políticas de seguridad que desconocen las constantes y persistentes denuncias sobre lo que vemos con nuestros propios ojos que ocurre en nuestras comunidades”, señalaron.