Un nuevo escándalo sacude al Congreso en medio de la tensión política del país. La Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio al senador Didier Lobo Chinchilla, de Cambio Radical, por presuntas irregularidades en el manejo de millonarios recursos públicos cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico.
El caso no es menor: la investigación apunta a un contrato destinado a atender a menores con desnutrición y madres gestantes, recursos altamente sensibles que, según las autoridades, habrían sido mal manejados.
Las anomalías detectadas habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 1.492 millones de pesos, golpeando directamente programas sociales dirigidos a población vulnerable.
La Corte fue contundente al señalar que existen pruebas suficientes para llevar al congresista a juicio, un paso clave donde se definirá si es responsable de estos hechos que hoy generan indignación.
Este proceso vuelve a encender las alarmas sobre el manejo de la contratación pública en el país, especialmente cuando se trata de recursos destinados a los más necesitados.
El caso de Lobo no solo compromete su futuro político, sino que profundiza la crisis de credibilidad que golpea a las instituciones.