Un dramático diagnóstico de la crisis financiera de hospitales, IPS y Camus de Córdoba, debido a las deudas que las EPS mantienen con dichas entidades, hizo hoy el Contralor Departamental, Emilio Otero Dajud, en su calidad de presidente de la Comisión Regional de Moralización de Córdoba.
Otero Dajud informó que las EPS le adeudan a hospitales, Camus e IPS del departamento, más de 300 mil millones pesos, lo cual, dijo, pone en riesgo la atención de dichas entidades a sus pacientes.
Con esta cartera los servicios de salud de todo el departamento pueden colapsar, debido a que dichas deudas mantienen a clínicas, hospitales, Camus e IPS, con un déficit permanente que en algún momento puede presionar el cierre de las mismas, señaló, Otero Dajud.
Solo al hospital San Jerónimo de Montería, las EPS le adeudan 109 mil millones de pesos, mientras que al hospital San Vicente de Paul de Lorica, dichas EPS le deben más de 28 mil millones de pesos. La Superintendencia Nacional de Salud tiene los oídos tapados ante las quejas y denuncias de los gerentes de hospitales, Camus e IPS, aseguró el Contralor Departamental, tras argumentar que trasladarán dichas quejas a los organismos competentes para que se tomen medidas.
El informe se conoció durante una reunión que se realizó en la Cámara de Comercio de Montería, convocada por la Comisión Regional de Moralización de Córdoba, del cual hacen parte los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación (Nicolás Barguil Flórez), Contraloría General (Alba Posada Lerech), Fiscalía General (Iván Emiro Márquez Barrios), Consejo Seccional de la Judicatura (Pamela Ganem Buelvas) y la Contraloría Departamental de Córdoba (Emilio Otero Dajud).
La Comisión tiene entre otros aspectos, las siguientes funciones; Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno; coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción y promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y del control social sobre la gestión pública.
Por: Oswaldo Marchena