Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto caso de corrupción que habría afectado recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres embarazadas en comunidades wayuu de Riohacha y Manaure.
De acuerdo con las autoridades, el entramado involucraría a exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a varios particulares, quienes habrían participado en la manipulación de contratos suscritos durante 2019 para atender población vulnerable en zonas rurales y étnicas del departamento.
Las pesquisas señalan que, en su rol de supervisores, algunos de los implicados habrían avalado informes y actas que permitieron autorizar múltiples pagos a una contratista, pese a que existirían inconsistencias en la ejecución de los recursos.
Parte de los desembolsos, al parecer, se justificaron con facturas de proveedores que reportaban incrementos injustificados en alimentos como carnes y productos perecederos.
Según la Fiscalía, estos documentos habrían sido utilizados para inflar los costos reales de los contratos y facilitar giros por valores superiores a los efectivamente invertidos, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
Por estos hechos, los señalados fueron imputados por delitos relacionados con peculado y falsedad en documentos, cargos que no aceptaron.
El proceso continuará mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el alcance total de las irregularidades.