Redacción: laregional.net-
Hoy el país conoce la verdad sobre la adjudicación de la llamada “Vía de la Prosperidad” que fue utilizada para sacar de la quiebra a la firma Consultores del Desarrollo – Condesa, la firma de ingeniería barranquillera de la familia del expresidente del Senado José David Name Cardozo y que mantiene en una crisis económica, social y ambiental a varias poblaciones del norte del Magdalena y otras del Atlántico.
Desde el mismo momento en que fue entregada a dicha firma la construcción de esta importantísima carretera, se escucharon voces desde varios sectores que denunciaron las graves irregularidades sobre la licitación y el proyecto en concreto de construcción de la Vía de la Prosperidad y sobre una presunta decisión de la Procuraduría General de la Nación en relación con el proyecto, que para entonces registró el Diario Hoy del Magdalena, tal como lo advierte la W radio que en las últimas horas, dio a conocer dos cartas de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez.
Las dos misivas fueron enviadas al exvicepresente Germán Vargas Lleras y a la ministra de Transporte de la época, la barranquilllera Natalia Abello. La primera carta tiene fecha del 11 de marzo de 2015 y la segunda del 8 de abril de 2015.
A la exministra Cecilia Álvarez le preocupaba y así se lo comunicó a Vargas Lleras que el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Gobierno Nacional habrían renunciado al derecho de defensa y a la protección del patrimonio público, en el proceso que se llevaba ante el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Dice la exministra que en dicho proceso se puso en riesgo el patrimonio público, pues no se cumplieron las normas en materia de contratación pública ni se garantizó el principio de selección objetiva. Así se puso en riesgo la adecuada destinación de doscientos sesenta y seis mil novecientos millones de pesos ($266.900.000.000).
Ante esta situación, el Invías inició todas las acciones legales tendientes a proteger el erario y sus derechos que son los de todos los colombianos: «Como lo señalé anteriormente, respeto las decisiones de las instancias correspondientes, y por eso, no puedo entender cómo la administración del Invías -que en este caso representa la defensa del interés general y de los bienes públicos- decida desistir de un recurso legal renunciando a la defensa del patrimonio público», dijo Álvarez.
Dice el documento:
Me dirijo a usted porque quiero a mi departamento y para protegerlo, tomé todas las medidas en el proceso descrito. Por esta razón, no comprendo el silencio de su Despacho frente a las graves acusaciones que hace el Diario Hoy del Magdalena contra las actuaciones de la cartera de Transporte del primer gobierno del presidente Santos. Le pido que continúe la defensa de los intereses del Magdalena y no permita que se definan estos temas por la vía de un desistimiento.
(Punto 5) 5. De acuerdo con los documentos que aparecen publicados en el SECOP se encontraron las siguientes irregularidades:
La Gobernación del Magdalena publicó un primer aviso en dicho sistema el 26 de abril de 2013. Luego, publicó un segundo aviso en el SECOP, el 30 de mayo de 2013.
Con el acto de apertura del proceso (11 de junio) no se publicaron los estudios previos. Sólo hasta el 14 de junio se realizó dicha actuación.
La última modificación a los estudios previos se llevó a cabo el 12 de julio de 2013 introduciendo cambios sustanciales a lo inicialmente previsto en lo relacionado con: (a) posibilidad de participación de filiales, (b) eliminación del requisito de estar inscrito en el código de actividad 4290, (C) reducción del requisito de experiencia en construcción de puentes, (d) reducción del requisito de experiencia en contratos de consultoría, (e) inclusión de la posibilidad de que los especialistas presentaran maestrías y doctorados y no únicamente especializaciones y () eliminación de la penalización por inasistencia a la visita de obra.
Teniendo en cuenta que la apertura del proceso se surtió el 11 de junio de 2013, la audiencia de aclaraciones tenía que llevarse a cabo entre el 14 y el 18 de junio de 2013. No obstante, tal y como consta en el acta publicada en el SECOP, la audiencia de aclaraciones y revisión de la asignación de riesgos previsibles se llevó a cabo el 19 de junio de 2013, es decir, un día después del vencimiento del plazo previsto en la ley.
En materia de contratación estatal, toda modificación al pliego de condiciones de la licitación en mención era el 15 de julio de 2013, el plazo máximo para expedir adendas era el 9 de julio de 2013. Sin embargo, el 10 de julio de 2013, es decir, por fuera del término permitido por la ley para expedir adendas, se publicaron modificaciones sobre la minuta del contrato, el formato de presentación de la oferta, el formato de hoja de vida especialistas y la matriz de riesgos.
De igual manera, el 12 de julio de 2013, es decir, el día hábil anterior al cierre de la licitación se publicó un documento denominado «Aclaración a los pliegos de condiciones». A pesar de indicarse en el título del documento que este es aclaratorio, modifica el pliego de condiciones contrariando lo previsto en la Ley.
En la carta a la ministra Natalia Abello, que sí respondió la carta al vicepresidente Gárman Vargas Lleras (8 de abril de 2015), asegura: «Lo que obtuve, para mi sorpresa, fue todo lo contrario: acusaciones tan o más graves que las de dicho diario (Diario Hoy), pero provenientes del mismo gobierno».
«Por esto, no puedo permitir que, para justificar una actuación de desistimiento de un recurso presentado, usted haga afirmaciones según las cuales la actuación del INVIAS y el Ministerio de Transporte en el período de gobierno anterior hubiera sido «contraria abiertamente la ley y además puede resultar en acciones temerarias con las consecuencias que ello conlleva y generar perjuicios para el Estado».
No voy a referirme a la discusión sobre las actuaciones de la Gobernación del Magdalena frente a la Vía de la Prosperidad. Está claro que usted ha decidido enarbolar la defensa de dicho proceder pese a que no es de su competencia y a la abundante evidencia e información pública al respecto.
Hablo Caicedo
“#VíaDeLaProsperidad quedará en la historia del Magdalena como uno de los monumentos a la corrupción y el saqueo sistemáticos de una clase política ruin. Una vía de 23.33Km que costó $348.000 millones, es oficialmente el kilómetro más caro de Colombia ¡15mil millones el kilómetro!”
Ante semejante desfalco sólo hay una suspensión de 12 meses que el clan Cotes podrá pagar con una multa económica. No hay una sola condena penal o fiscal mientras la élite política y mediática calla.