El presidente de la República, Gustavo Petro, derogaría el decreto 1064 buscando que se haga un verdadero proceso de selección de personas que necesiten esquemas de seguridad.
“El presidente Gustavo ha dado la orden a la secretaría jurídica de la Presidencia para que se redacte el documento que derogaría el decreto 1064 del 2022, firmado por el entonces presidente Iván Duque”, de acuerdo con un artículo de El País de España titulado “Acabar con un fetiche colombiano” El presidente quiere mostrar la voluntad para que se haga un verdadero proceso de selección de a quienes se les está entregando esquema de seguridad.
En su momento dicho documento generó controversia, pues el servicio se les daría previo por un promedio de 4 años sin estudio previo de su situación de seguridad y hasta se les podría extender por un tiempo, pasado ya seis meses desde que dicha ley fue firmada. El proceso de reversar dicha ley expedida en el anterior gobierno ya comenzó.
Es probable que algunos funcionarios actuales se resistan al cambio, pues serían beneficiarios directos de dicha ley: “Basta con la expedición de un nuevo decreto que derogue el 1064, aunque dudo mucho que futuros beneficiarios del mismo (a saber, el actual ministro del interior, Alfonso Prada; el actual jefe del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano; o la jefe de gabinete, Laura Sarabia) quieran ser los promotores de privarse ellos mismos de su acceso al fetiche”, escribió en el medio internacional el periodista Juan Pablo Calvás .
Con respecto a la UNP, en los últimos meses se han revelado varias irregularidades al interior, por lo que este decreto traería un cambio significativo a la institución, que fue denunciada por presuntos hechos de corrupción y el uso indebido de las camionetas. Estos serían los funcionarios del gobierno de Duque, que gozarían de privilegios vitalicios: Ministro del Interior, Daniel Palacios; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; el ministro de Defensa, Diego Molano; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz; y la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa. También, el director nacional de inteligencia, Rodolfo Enrique Amaya; el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro; y el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas.