Redacción: laregional.net
Debido a que las acciones del Tribunal Superior de Riohacha no son lo suficientemente ágiles y efectivas, la veeduría a la Sentencia T-302 solicitó a la Corte Constitucional que asuma de conocimiento el seguimiento a ese fallo.
Según la directora de la veeduría, Ruth Consuelo Chaparro, el estado de cosas inconstitucional persiste en el departamento de La Guajira, toda vez que no se ha cumplido con lo que ordenó la Coste, como fue la generación de un plan de acción entre el Gobierno Nacional y 25 instituciones para solucionar la constante violación generalizada y sistemática de los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a la participación.
Fue por la falta de estos derechos que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Dijo Chaparro que los responsables de adoptar medidas que garanticen los derechos de la comunidad indígena wayuu, en especial los niños no lo han hecho.
Explicó que es inaceptable que han pasado casi dos años de procedimientos y constantes prórrogas y aún no hay un plan por parte del Gobierno ni de las instituciones encargadas de cumplir con el fallo de la Corte.
Según la veeduría lo más lamentable es la situación de los niños, que ha empeorado a causa de la pandemia del Covid-19, debido a que muchas comunidades no lograron recibir ayudas humanitarias.
Aseguró Chaparro que existe inexactitud en los reportes de los casos de morbimortalidad de los niños wayuu que han sido reportado, según tienen conocimiento serían 28, pero podrían ser mucho más toda vez que existe un subregistro y ausencia de acciones.