La Contraloría General de la República encendió las alarmas en Maicao tras detectar un presunto detrimento patrimonial de más de $1.848 millones relacionado con el contrato para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), firmado durante la administración del exalcalde Mohamed Dasuki.
El organismo de control encontró aparentes fallas técnicas, jurídicas y administrativas en el proceso contractual, dejando serias dudas sobre la ejecución real del millonario proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Según el informe, varios productos contratados no aparecen completos ni soportados.
La investigación tomó fuerza luego de las denuncias realizadas por la actual administración municipal, liderada por el alcalde Miguel Felipe Aragón González, desde donde se advirtió que el documento del POT recibido presentaba inconsistencias y no cumplía con las condiciones esperadas para su implementación.
La Contraloría también cuestionó la modalidad de contratación utilizada, los estudios previos y las pólizas de garantía, señalando además que hubo falta de gestión para corregir observaciones hechas por autoridades competentes, situación que terminó frenando el avance del proceso de concertación del POT.
Ahora el caso podría escalar a consecuencias fiscales y disciplinarias para los involucrados, mientras las entidades y responsables deberán responder ante los hallazgos del ente de control. En Maicao ya muchos se preguntan quién responderá por los casi $2 mil millones que, según el informe, habrían quedado prácticamente en el aire.