Ante la emergencia sanitaria que llevó a que muchos mandatarios tanto locales como departamentales incurrieran en presuntos malos manejos de los recursos para las ayudas humanitarias y violaran la cuarentena, la Procuraduría General de la Nación informó que avanza en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones, de estos, 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío.
En la Región Caribe, de los 8 departamentos que la componen, Sucre, con 30, Córdoba, con 29, y Bolívar, con 20 enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.
Para el caso del Cesar permanece suspendida de su cargo la secretaria General de la Gobernación de Cesar, Lorena Hernández.
De igual modo, avanza el juicio disciplinario a los alcaldes de Coveñas, Rafael Ospina y de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez.
Por presuntas irregularidades en las alcaldías de Cereté, fue suspendido su alcalde, Luis Antonio Rhenals Otero, lo mismo que la alcaldesa de Sucre, Sucre, Elvira Julia Mercado, esta última porque al parecer violó la cuarentena al realizar una parranda en su casa.
En La Guajira fue citado a juicio disciplinario al alcalde del municipio de El Molino, Juan Pablo Vega Escobar y la secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, debido a presuntas irregularidades en el contrato 01 del 24 de marzo de 2020, que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por un valor de $99´247.900.
“Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación Social Creciendo, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado los sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República”, dijo la Procuraduría.
En el Atlántico el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez Pérez, por presunta transgresión de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la covid-19.
Investigan la presunta presencia de la mandataria y concejales del municipio en un restaurante, al parecer de la localidad, donde según publicaciones de redes sociales estarían celebrando la aprobación por parte del Concejo del Plan de Desarrollo.
En Galapa la investigación es contra el secretario de Gobierno, Marco Tulio Rojas Ayala, por presunta violación de las normas de aislamiento preventivo, uso de tapaboca y respeto del distanciamiento social, establecidas para la contención de la covid-19 y buscan establecer si este se encontraba en un restaurante lo que quedó registrado en un video publicado por un medio de comunicación.
En Sabanalarga investigan al concejal Alexi Rafael Díaz Sarmiento, por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención del coronavirus, toda vez que este habría participado en una fiesta, en la que además al parecer se desconoció el toque de queda y la ley seca que regía en el municipio.