Un nuevo requerimiento de la Procuraduría General de la Nación puso bajo revisión la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Cesar, al solicitar a la administración departamental un informe completo sobre su desarrollo en lo corrido de 2026.
La solicitud fue enviada a la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila y al despacho de la Secretaría de Educación, con el propósito de esclarecer cómo se ha estructurado la operación del programa, quiénes lo ejecutan y qué mecanismos de control se están aplicando.
El organismo busca establecer si el servicio se ha prestado sin contratiempos desde el inicio del calendario escolar o si, por el contrario, se han presentado demoras.
También pidió detallar las condiciones de los contratos suscritos y las acciones implementadas para evitar afectaciones en la alimentación de los estudiantes.
Aunque desde el departamento se han adelantado procesos contractuales para cubrir los 24 municipios bajo su competencia, persisten inquietudes relacionadas con la disponibilidad de recursos y la estabilidad del programa durante todo el año académico.