Redacción: Sandra Santiago B.
Un informe detallado sobre los más de 6.000 contratos de prestación de servicios firmados entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que incluya valores, contratistas, objetos, tiempos de ejecución, fuentes de financiación y las razones de su suscripción, fue solicitado por la Procuraduría General de la Nación.
La solicitud fue hecha al gobernador (e) del Archipiélago de San Andrés, Alan Leonardo Jay Stephens, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker.
Esto como resultado de una vigilancia preventiva, debido a que el Ministerio Público identificó que en el departamento entre 2019 y 2020 fueron suscritos 7.366 contratos, de los cuales el 94,12% correspondieron a la alcaldía y la gobernación, lo que despertó una alerta considerando que solo en la isla de Providencia habitan 6.000 personas.
La Procuraduría también requirió información sobre las acciones adelantadas frente a las cargas de trabajo y la ampliación de la planta de personal de las dos entidades administrativas.
Como se recordara el Ministerio Público puso sus ojos en la isla y sobre todo en su reconstrucción luego del paso del huracán Iota, a fin de que no se presenten irregularidades y los recursos se pierdan.