Destacado: Gregorio Eljach presentó en Riohacha tres medidas para impulsar el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre agua potable, salud, alimentación y movilidad para las comunidades indígenas de La Guajira.
La atención a las necesidades históricas del pueblo Wayuu vuelve al centro de la agenda institucional. Desde Riohacha, el procurador general, Gregorio Eljach, expuso una propuesta que busca movilizar recursos, fortalecer la coordinación entre entidades públicas e incorporar una visión integral de protección familiar para responder a las dificultades que enfrentan estas comunidades.
La Regional conoció que una de las iniciativas contempla gestionar la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de una partida anual que podría alcanzar los $300.000 millones, financiada con recursos provenientes del impuesto de renta asociado a la explotación de carbón.
La propuesta apunta a respaldar las obligaciones pendientes con esta población indígena, aunque su materialización dependerá de las decisiones presupuestales correspondientes.
Como segundo componente, la Procuraduría anunció la conformación de un equipo de trabajo con participación de integrantes del pueblo Wayuu. La intención es que sus representantes intervengan directamente en la articulación de las instituciones responsables y contribuyan a que las respuestas oficiales correspondan a las necesidades reales de las comunidades.
El tercer frente contempla una transformación de la dependencia encargada de los asuntos de infancia, con un enfoque que abarque a la familia de manera integral.
Estas medidas se presentaron durante la audiencia de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que estableció obligaciones estatales para garantizar derechos fundamentales de la niñez Wayuu. El desafío será convertir los anuncios en inversiones, servicios efectivos y soluciones sostenibles para las comunidades.