Derivado del proyecto de acto legislativo presentado por Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, con el que pretenden plantear una reforma a la justicia que genere la polémica unificación de las Cortes que el uribismo lleva varios años buscando, comenzaron las fuertes críticas a este y los señalamientos por la existencia de micos con los que pretenden al parecer filtrar controversiales herramientas que podrían generar impunidad en aforados.
Así lo detectó y explicó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien se quejó a través de su cuenta de Twitter de haber encontrado un mico mientras hacía la revisión del proyecto.
Según Barrios, en el Proyecto de Acto Legislativo 22 de 2018, presentado por los senadores del Centro Democrático que reza: “Reforma la constitución política en materia de administración de justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos”, tiene en su artículo 10 una modificación al artículo 186 de la Constitución Política del país, el cual actualmente dice lo siguiente:
“Art. 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”.
Mientras tanto, el proyecto del uribismo busca que ningún aforado pueda ser aprehendido ni citado a juicio hasta que no tenga los permisos de las respectivas cámaras en las que esté integrado, lo que levantó gran molestia y suspicacia entre múltiples sectores políticos. El artículo quedaría así:
“Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. Ningún miembro del Tribunal Supremo Constitucional podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes”.
Tan pronto Alejandra reveló esta situación, las críticas y señalamientos comenzaron junto a varios reclamos contra los uribistas por pretender imponer lo que se puede interpretar como una impunidad para miembros del Congreso, lo que causa fuerte suspicacia para varios sectores opositores del uribismo.