Pinto tiene un proceso activo por presuntas pérdidas de más de $5.900 millones en construcción de adoquines en municipio de Albania.
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se entregó a las autoridades este domingo luego de más de un año prófuga de la justicia Pinto tenía una orden de captura vigente desde junio de 2019 cuando la Fiscalía General le formuló cargos por corrupción en el municipio de Albania, del que fue alcaldesa. Pinto asistió a esa diligencia pero luego dijo que tenía una diligencia médica y no volvió. La entrega, según informó la Fiscalía, se hizo ante agentes de la Policía Nacional y personal de la Defensoría en La Guajira.
El 18 de junio de 2019, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Pinto, quien no aceptó los cargos, estuvo presente en el complejo judicial de Paloquemao en horas de la mañana, pero en la tarde, cuando siguió la audiencia, su abogado dijo que tenía un compromiso médico. Ese día, el juez del caso le dictó medida de aseguramiento al considerar posible que la exgobernadora se fugara.
Pinto es procesada porque, mientras fue alcaldesa de Alabania (La Guajira), habría firmado contratos de infraestructura que no habrían cumplido los requisitos legales. Los contratos, que suman un valor de $12.590 millones, tenían como fin “adoquinar varias vías del municipio” para crear empleo. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se habrían llevado a cabo el 70% de las obras y, además, el contrato había beneficiado a familiares de Pinto.
Los contratos se firmaron el 6 agosto de 2010 y del 10 de marzo de 2011 y se celebraron entre la Alcaldía de Albania (a cargo, en ese momento, de Pinto) y Fundasec, contratista que fue elegido por su “vasta experiencia en contratación de obras civiles”. Sin embargo, según la Fiscalía, la ejecución como tal de la obra habría quedado en manos de Adolfo Carrillo, primo de la exgobernadora.
Según la Fiscalía, para este proceso se habrían contratado a más de 2.000 personas que supuestamente Pinto avalaba y recomendaba personalmente. Prueba de esto, según el ente investigador, serían las hojas de vida de varias personas, entre las que hay mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que llegaban con una nota y firma de la exgobernadora. Los pagos a estas personas que no habrían realizado labor alguna en el adoquinamiento del municipio ascenderían a $5.981 millones. Redacción: Cristian Garavito/ El espectador