En la verificación que realiza la Procuraduría General de la Nación al cumplimiento de la sentencia que ordenó la protección de los derechos de la niñez Wayuú, el ente de control asistió al acto simbólico en Siapana Alta Guajira, exigido por la Corte Constitucional al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el reconocimiento de esta población como sujeto de derechos.
El ente de control, por disposición de la Corte Constitucional, tiene la misión de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017 que ordenó resolver el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuú de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.
La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, destacó que además de atender el cumplimiento de una orden, es una oportunidad para restaurar la relaciones entre la comunidad y la interinstitucionalidad para realizar un trabajo articulado y participativo en garantía de los derechos de la niñez Wayuú.