El colectivo de abogados Iván Alvear Restrepo, están solicitando a la Asamblea de La Guajira, que promuevan una proposición de debate de control político ante el riesgo de la destrucción del cauce natural del arroyo Bruno.
Expresaron, a través de una comunicación, que el fundamento de la solicitud tiene que ver con una presunta amenaza para las comunidades y el departamento de La Guajira, por la destrucción y explotación del cauce natural del arroyo Bruno, que está a tiempo de evitar que ocurra.
Advierten que se está a tiempo de salvar la integridad ecosistémica de ese importante y vital afluente del pueblo guajiro, el cual como quedó probado en el proceso judicial ante la Corte Constitucional, no solo es fuente de abastecimiento de agua del que se sirven las comunidades wayuú accionantes de la tutela en mención, sino que en épocas de sequías extremas en la región ha sido fuente de abastecimiento de agua para los municipios de Manaure, Albania, Maicao y Uribia.
Indican que la preservación de la vida del arroyo Bruno es una causa justa, y lo más importante es una causa factible.
“Estamos a tiempo aún de salvarlo, por supuesto, no es una tarea sencilla, dado que nos encontramos frente a un escenario de imposición de poder corporativo a todas luces asimétrico. Sin embargo, es por esto, que requerimos de la mayor suma de esfuerzos posibles, en particular, de la Asamblea departamental. Es crucial desmentir la idea de que no hay nada que hacer por el Bruno”, dicen en el comunicado.
Recuerda el colectivo de los liderazgos de comunidades wayuú y afro en La Guajira que llevan años en defensa de este ecosistema, cuya lucha desde el año 2017 se ha logrado en el proceso judicial ante la Corte Constitucional mantener un freno al proyecto de expansión minera para que el cauce del Bruno y el acuífero subterráneo que lo alimenta no sea explotado.
Advierten que se está en un punto esencial, ya que, a la fecha, aunque existe un desvío del arroyo por un canal artificial construido por la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón, aun no se han resuelto con rigurosidad las incertidumbres que ordenó la Corte Constitucional sobre los impactos sociales y ambientales de este proyecto, conforme los criterios que fueron ordenados en la sentencia judicial.