El capítulo de la historia paramilitar en Colombia está muy lejos de cerrarse. Con el pasar de los días, el país sigue conociendo nuevos y oscuros detalles sobre el origen y desarrollo de este nefasto proyecto criminal, el cual mantiene hoy a más de un político, empresario y militar en aprietos con lo que, sin tapujos, llamamos una «justicia bananera».
La reaparición del exjefe paramilitar Saúl Severini —catalogado por los principales medios de comunicación como el nuevo «ventilador de la parapolítica»— reabre el debate sobre la responsabilidad directiva y operativa de sectores de la clase política, gremios económicos y altos mandos de la Fuerza Pública. Severini, sobre quien pesa una condena de 33 años de cárcel por el asesinato de la docente Ledys María Pertuz y tras permanecer 16 años prófugo, reapareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con confesiones que hoy tienen a más de un poderoso con los nervios de punta.
Quien fuera comandante de un frente paramilitar en el sur del Magdalena ha salpicado a varias figuras de gran influencia en el escenario nacional. Aunque algunos de los salpicados ya han fallecido, otros desearían estarlo tras las recientes revelaciones presentadas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre las audiencias del excabecilla. El número de asesinatos develados es desgarrador, al igual que los señalamientos directos sobre la conformación y financiación del paramilitarismo, en los que señala a nombres tan sonados como José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), y los generales en retiro del Ejército Freddy Padilla de León y Mario Montoya.
Esta macabra novela parece no agotar sus capítulos. Sin embargo, el trasfondo deja al descubierto un patrón histórico: la manipulación de la verdad por parte de las élites. Cuando el país esperaba conocer los entramados del conflicto a través de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la clase política dominante prefirió extraditar a los máximos jefes paramilitares a Estados Unidos bajo el argumento de que continuaban delinquiendo. Aquella maniobra no fue más que una vil traición para silenciar las confesiones que salpicaban a sus socios en el poder y para deslegitimar los testimonios tildándolos de «venganzas criminales» contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy, tras cumplir condena en cárceles norteamericanas y regresar al país a rendir cuentas, la historia se repite de otra manera. Los exjefes paramilitares desfilan declarando por sus crímenes, que van desde múltiples masacres que cometieron sin remordimiento, especificando quiénes fueron sus aliados en la arquitectura criminal, pero los aparatos de justicia en Colombia optan por ignorarlos o dilatar los procesos.
Testimonios como los de Salvatore Mancuso y otros excabecillas ya no parecen despertar la diligencia de la justicia ni la indignación de una sociedad anestesiada. Esta pasividad sienta un nefasto precedente que termina de carcomer la credibilidad de los órganos de investigación y juzgamiento. En un país donde existiera justicia de verdad, tanto los determinadores en las sombras como los ejecutores materiales pasarían el resto de sus días tras las rejas. Lamentablemente, el panorama actual solo confirma la triste premisa popular: en Colombia la justicia sigue siendo un rasero exclusivo para los de ruana, mientras que a las grandes personalidades la ley jamás las alcanza.