Tres rectores de instituciones educativas oficiales de Cartagena, y cinco personas más fueron enviadas a prisión por presuntos hechos de corrupción en proceso de contratación.
La medida afectó a Juan Carlos Castillo Castilla, Robinson Orozco Quejada y a Remberto de Jesús Navas Moreno, quienes laboran como directores de los planteles educativos.
Igualmente fueron asegurados los contratistas, Hernando Vargas Morales, quien fungía como abogado sin tener título profesional, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter del Carmen Álvarez Padilla y Enoelia García Flórez.
Según la investigación, las presuntas irregularidades se habrían presentado durante la pandemia del covid-19, entre 2020 y 2021, en la celebración de 20 contratos que realizaron los académicos para vincular a Vargas Morales, quien no era abogado, y a los demás contratistas con un detrimento patrimonial de más de 500 millones de pesos.
“Ninguno de los procesos contractuales, que tenían como objeto elaborar cartillas y material pedagógico, diseñar manuales de contratación y funcionamiento de colegios y realizar asesorías jurídicas, entre otros; cumplieron con los requisitos legales establecidos ni contaron con los soportes de ejecución que sustentara el cumplimiento de los mismos”, informó la Fiscalía.
Asimismo, el ente acusador aseguró que las instituciones de educación celebraron además contratos con una empresa de mantenimiento, donde el falso jurista era el representante legal para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas y que afectaron el patrimonio de los recursos públicos que benefician la educación de niños y niñas de sectores vulnerables de Cartagena.
“Así mismo se identificaron fraccionamientos en dichos contratos que no sobrepasaban la cuantía de 20 salarios mínimos legales para que se permitiera la modalidad de contratación directa evadiendo la de selección adecuada”, se precisa en la investigación.
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, los tres rectores y el supuesto abogado deberán cumplir las medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los contratistas lo harán en sus lugares de domicilios.