La Federación Nacional de Departamentos, FND, en conmemoración a los 160 años de la Constitución de 1863, realizó la Convención de Rionegro 2023 ‘Colombia federal, Colombia unida’, en el cual gobernadores, expertos nacionales e internacionales y magistrados disertaron sobre la necesidad de un mayor desarrollo de la Constitución de 1991 en materia de lograr una mayor autonomía territorial en el país.
Coincidieron en la necesidad de gestionar más recursos para las regiones para que sean más autónomas, más institucionalidad y más competencia para decidir sus propios destinos y saldar deudas históricas, sobre todo sociales y económicas, entre un poderoso y holgado centro del país y unos olvidados y empobrecidos territorios en la periferia.
El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, señala que la hoja de ruta va por pasos: “El más urgente es que se materialice la promesa descentralizadora y autonómica de la Constitución del 91 y para eso toca que desarrollemos algunas normas o de hecho derogar algunas reformas constitucionales que lo que hicieron fue revertir la voluntad constituyente”.
Explica que el régimen de competencias de la Carta Política establece que “las gobernaciones se encargarían de los temas de transporte, de turismo, de desarrollo económico y ambientales, pero nada de eso sucede hoy: las competencias las tiene concentradas el Gobierno”.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó que lo primero es que se dé un diálogo nacional al respecto en los próximos meses en espacios académicos “y volver a Rionegro en julio para presentar las conclusiones y ojalá a modo de proyecto de ley”.
Hay dos frentes, agrega, porque “si hablamos de descentralización y autonomía territorial esto, lo que es, es un desarrollo de la Constitución del 91” a través de proyectos de ley.
En segundo lugar, advierte, “el del federalismo es un debate que tendría que ser de corte constitucional, ya no legal, pero lo que hemos dicho la mayoría de los gobernadores es que no queremos una constituyente”.
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, propuso en la convención otra vía por la cual lograr una reivindicación para las regiones: “Deben fortalecerse los ingresos y la justicia tributaria que requerimos los departamentos y eso va a ser un mecanismo para llegar a la justicia social”.
“Aquí estamos marcando un parámetro de lo que debe ser importante, por eso esta lucha debe hacer parte de estas elecciones locales, porque el sueño necesita recursos y también los congresistas deben ponerlo en la agenda legislativa”.
El gerente de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP Caribe, Amylkar Acosta, pone de presente sobre el federalismo que “contrariamente a la narrativa que ha propalado de que fue una etapa caótica, marcada por el desorden y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía postcolonial”.
No obstante, considera que “no es dable pensar con el deseo” que Colombia está preparada para el federalismo. “Este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida”.
Arroja además luces sobre propósitos que atacarían la recentralización que se cierne en los últimos años: el recorte de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, mediante actos legislativos de 2001 y de 2007, y las 14 reformas tributarias aprobadas entre 2000 y 2022, “todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación; ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales”.
Y el ex presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, del Senado y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió la Ley de Regiones: “Ha marcado un derrotero para las regiones administrativas y hoy todos los departamentos están en una RAP”.
Para el senador independiente es urgente avanzar en la descentralización “porque este gobierno es el más centralista: no ha permitido convenios interadministrativos con los entes territoriales, es decir que toda la ejecución presupuestal se hace desde el centro del país y a estas alturas solo se ha ejecutado el 6 % del presupuesto, lo cual es una frustración porque no llegan las obras ni el empleo”.