Por: Miguel Macea Di Martino
Lo que hoy ocurre en Valledupar no admite eufemismos: la ciudad está siendo tomada por estructuras criminales que operan con una capacidad cada vez más visible y desafiante.
Los homicidios selectivos, las extorsiones y los hurtos dejaron de ser noticias aisladas para convertirse en el reflejo de una autoridad desbordada y, peor aún, ineficaz.
La ciudadanía vive con miedo.
No es una percepción exagerada: es la realidad de familias que han tenido que modificar sus rutinas, encerrarse temprano y convivir con la sensación permanente de estar vigiladas por delincuentes que parecen tener más control del territorio que las propias instituciones.
En muchos sectores, el Estado ha dejado de sentirse.
Y mientras esto ocurre, desde la administración del alcalde Ernesto Miguel Orozco se siguen repitiendo anuncios de aumento de pie de fuerza y operativos que, en la práctica, no han logrado contener la avanzada criminal.
La estrategia parece limitada a reaccionar, no a anticiparse. Y en seguridad, llegar tarde equivale a fracasar.
Pero si hay un nombre que hoy concentra la responsabilidad política y operativa de esta crisis es el del secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Pablo Alfonso Bonilla Vásquez.
Su hoja de vida es, sin duda, impresionante: décadas en el Ejército, altos mandos, experiencia en zonas complejas.
Sin embargo, esa trayectoria hoy contrasta de manera brutal con los resultados que está mostrando en Valledupar.
Aquí no se trata de desconocer su carrera, sino de señalar una realidad evidente: la ciudad se le salió de las manos.
La delincuencia no solo actúa, sino que desafía abiertamente a las autoridades, ejecuta crímenes a plena luz del día y mantiene en zozobra a la población sin que exista una respuesta contundente que marque un punto de quiebre.
El problema es más profundo que la falta de operativos. Hay una ausencia clara de estrategia integral.
No se percibe inteligencia efectiva, ni desarticulación real de las estructuras criminales, ni un control territorial sostenido.
Lo que hay es una sucesión de medidas que no logran alterar el panorama de fondo.
Y en ese contexto, sostener al secretario en el cargo envía un mensaje peligroso: que no pasa nada, que los resultados no importan, que la crisis puede administrarse sin consecuencias políticas.
Eso no solo debilita la institucionalidad, sino que también golpea la confianza ciudadana. Cuando la seguridad colapsa, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y en este caso, esa responsabilidad tiene nombre propio. Pablo Alfonso Bonilla Vásquez debe renunciar.
No como un gesto simbólico, sino como un acto mínimo de coherencia frente a una gestión que no ha estado a la altura de la gravedad del momento.
Valledupar no necesita excusas ni credenciales: necesita resultados. Porque mientras las autoridades fallan, el crimen avanza. Y cada día que pasa sin decisiones de fondo, es un día más en el que la ciudad sigue perdiendo el control de su propio territorio.