La violencia colectiva continúa escalando en Colombia sin señales de contención.
Un nuevo informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, en lo corrido de 2026, el país ya suma 42 masacres, una cifra que refleja la persistencia y expansión del conflicto armado en varias regiones.
El caso más reciente ocurrió en la madrugada de este 21 de abril en zona rural de Guachené, Cauca, donde hombres armados perpetraron un ataque que dejó tres personas muertas.
El hecho se registró hacia las 3:00 a.m. en la vereda La Cabaña, cuando sujetos armados dispararon de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Germán Campo y dos hombres conocidos en la comunidad con los alias de “Alvarado” y “Papi”.
Este episodio elevó nuevamente las alarmas sobre la crítica situación de seguridad en el suroccidente del país.
De acuerdo con Indepaz, el panorama en Guachené no es nuevo.
Desde años anteriores, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el alto riesgo para la población civil debido a la presencia y disputa de múltiples grupos armados ilegales que ejercen control territorial y establecen normas mediante la violencia.
Entre las estructuras señaladas se encuentran disidencias de las Farc como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, además de otras organizaciones criminales locales, lo que ha convertido al municipio en un escenario constante de confrontaciones.
Las cifras evidencian la gravedad del fenómeno: en promedio, en Colombia se registra una masacre cada tres días. Mientras en 2025 estos hechos dejaron 256 víctimas, en lo que va de 2026 ya se superan las 160 personas asesinadas en este tipo de ataques.
El problema no es exclusivo del Cauca.
Regiones como el Caribe también enfrentan un recrudecimiento de la violencia, impulsado por disputas entre bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a estructuras del narcotráfico transnacional, que buscan controlar rutas, economías ilegales y territorios estratégicos.
El informe vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la seguridad en el país y la creciente exposición de las comunidades, que siguen quedando atrapadas en medio de una guerra que no da tregua.