Una comunicación enviada por el presidente Gustavo Petro a la Procuraduría General de la Nación, en la que informa que no designará remplazo al alcalde de Riohacha, José Ramiro Cotes, sería la tabla de salvación para el mandatario guajiro y que le permitiría terminar su periodo. Cabe el burgomaestre fue suspendido el pasado 27 de abril por presuntas irregularidades en el desarrollo de la licitación pública para contratar acueducto y alcantarillado, pero luego regresó al cargo –tras cumplir la sanción– indicando que lo hacía con base en un oficio enviado al Ministerio Público por el Jefe de Estado, acogiéndose a lo consagrado en el concepto de Control de Convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, la procuradora Margarita Cabello, que ya le había respondido al presidente Petro, emitió una nueva decisión: prorrogar la suspensión del alcalde por tres meses más.
La jefe del Ministerio Público argumentó que al estar en el cargo podría entorpecer la investigación porque sería la persona que tomaría las decisiones de orden presupuestal y otras administrativas.
Para ese momento, José Ramiro Bermúdez estaba decidido a enfrentar lo que pudiera pasar si usaba la figura usada por la CIDH cuando devolvió los derechos de alcalde al hoy presidente de la República siendo alcalde de Bogotá y suspendido por la misma Procuraduría en el desarrollo de una investigación disciplinaria.
En la nueva sede la Alcaldía de Riohacha, el mandatario municipal y un grupo de asesores, varios de ellos abogados especializados en la materia, estudian la situación.
Aunque está en el despacho y es él quien está al frente, no ha resuelto de fondo la disyuntiva de si se retira y acata la decisión de la procuradora, o se queda y usa el derecho que le podría dar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.