Por: Miguel Macea Di Martino –
Las recientes investigaciones de la prensa independiente, como el denominado “Plan Júpiter” y los señalamientos en torno a Angie Rodríguez, han dejado al descubierto presuntos entramados y el creciente desespero de sectores de la extrema derecha contra el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.
No es la primera vez que, en medio de escenarios de tensión política, se registran ataques contra estaciones de Policía, instalaciones militares o se promueven escenarios de alteración del orden público.
Para algunos analistas, esta coincidencia no sería fortuita, sino parte de una estrategia para generar miedo, desconfianza y desestabilización institucional.
Ante este panorama, resulta necesario que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, evalúe con rigurosidad la situación interna de la fuerza pública.
Cualquier indicio de vínculos indebidos o afinidades políticas que comprometan la neutralidad institucional debe ser investigado y, de ser necesario, sancionado con firmeza.
Hoy, quienes respaldan las políticas sociales del denominado Gobierno del Cambio enfrentan el reto de mantenerse firmes en la defensa de las decisiones democráticas, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.
En este contexto, el país atraviesa un momento delicado en el que la polarización política puede convertirse en un factor de riesgo para la estabilidad democrática.
La instrumentalización del miedo y la violencia, venga de donde venga, termina afectando principalmente a la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias directas de la inseguridad y la incertidumbre.
Por ello, más allá de las posturas ideológicas, se hace urgente un llamado a la responsabilidad de todos los sectores políticos. Colombia necesita fortalecer sus instituciones, garantizar la transparencia y evitar que los conflictos políticos escalen a escenarios que comprometan la seguridad nacional y la convivencia ciudadana.