El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra convocó a los contralores territoriales al seminario de “control fiscal al PAE”, cuyo objetivo es fortalecer las herramientas de control que coadyuven a minimizar los riesgos de corrupción en el manejo de estos recursos en las entidades territoriales responsables de su ejecución.
Con este encuentro, el Auditor General alerta que se han encontrado inconsistencias en la información suministrada sobre los recursos ya ejecutados de este programa y que existen dudas con respecto a las cifras. “Queremos revisarlas en detalle con los contralores territoriales, por tal razón nos reunimos con el Ministerio de Educación, Controlaría General, Procuraduría y Fiscalía, para coadyuvar en el control a los recursos que se invierten para ejecutar este programa en las regiones».
El seminario que se realizó en el hotel Tequendama en Bogotá, contó con la presencia de miembros del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la Nación, Procurador General de la República, Fiscal General entre otras autoridades, quienes fueron llamados a detectar que hay una cuantía económica que supera los 600 mil millones de pesos que no están siendo auditados por parte de las contralorías territoriales, de aportes que hacen las administraciones municipales y departamentales con recursos propios a través de las secretarías de educación, que desde hace algunos años tienen a cargo el PAE.
Durante la jornada el Auditor General dialogó ante los estamentos judiciales, las consecuencias de esta falta de intervención y agregó: «El Programa de Alimentación Escolar es clave para fortalecer la permanencia de los estudiantes en los colegios y no podemos permitir que esos recursos que aportan las regiones, queden por ahí sin ponerles la lupa».
El Contralor Municipal de Valledupar, Omar Contreras Socarrás explicó que hubo una malinterpretación de buena fe por parte de muchas contralorías territoriales porque se creía que no era competencia de estos entes la vigilancia de estos recursos que son de la nación; desde mi llegada a la Contraloría el año pasado pudimos advertir que este tipo de recursos siempre van acompañados por un aporte del municipio de Valledupar por tal razón la exhortación del Auditor General no nos tomó por sorpresa. Los anteriores planes de Auditoría desde esta entidad no contemplaban una auditoria específica al PAE, pero nosotros sí los hemos contemplado este nuevo año en que nos corresponde auditar la vigencia 2017”.
El delegado de la Contraloría Municipal de Valledupar, Edwin Girón Quintana manifestó que “quedó demostrado que el esfuerzo de la Contraloría General de la República que era el único órgano que estaba haciendo este trabajo, no fue suficiente y lo que hoy solicita la Auditoría General es que los órganos de control territoriales hagan una buen vigilancia y control de estos recursos”.
Según el Ministerio de Educación Nacional el Estado ha invertido cerca de 1,8 billones de pesos de los cuales en el 2017 por transferencias de la nación se invirtieron 1,2 billones de pesos y 611 mil millones fueron presupuestos territoriales; cifras que no concuerdan con los datos de auditoría.
Vale la pena destacar que es función de la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución.
Su misión es la de «coadyuvar a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la constitución política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción, además de facilitar recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico que contribuya a los procesos de mejoramiento de las contralorías territoriales».