Un juez de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades que rodearon el millonario contrato de Centros Poblados, destinado a llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
La decisión se produjo tras una investigación de la Fiscalía que determinó que el empresario aportó información de dos compañías de su propiedad para acreditar requisitos técnicos, financieros y de experiencia exigidos en el proceso de contratación adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Según el ente acusador, estas actuaciones facilitaron la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y contribuyeron a que los funcionarios encargados de la adjudicación fueran inducidos en error al momento de otorgar el contrato, valorado en más de un billón de pesos.
Por estos hechos, Lascarro Torres fue hallado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa superior a 2.452 millones de pesos y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 153 meses.
La Fiscalía estableció que el condenado recibió cerca de 250.000 dólares como beneficio de las maniobras irregulares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria en Estados Unidos. La sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada por la defensa.