A pagar más de 227 millones de pesos fue condenado el exrector de la Universidad Popular del Cesar, Roberto Daza Suárez, debido a que declaró insubsistente a una funcionaria quien posteriormente demandó.
En el fallo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado le dio un plazo de seis meses al exrector para cancelar la multa al declararlo responsable a título de dolo por expedir la Resolución No. 0490 del 23 de marzo de 2004, por medio de la que declaró insubsistencia a Aura María Acosta Rumbo como técnica administrativa adscrita a la Oficina Jurídica.
Debido a ese despido injustificado el claustro universitario debió pagar una indemnización.
Inicialmente en fallo del 17 de junio de 2009, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar negó las pretensiones de la demandante, pero en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Cesar revocó la decisión y declaró nula la Resolución, al tiempo que ordenó el reintegro de Acosta Rumbo y el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar durante el tiempo que estuvo desvinculada.