David Barguil, senador del Partido Conservador, y José David Name, congresista del Partido de la U, radicaron el proyecto de ley de ‘redistribución de los recursos para el cargo por confiabilidad’.
Se trata de una modificación del destino de estos recursos pues los congresistas aseguran que los ciudadanos en la región han pagado billones a este concepto y los recursos no se ven.
El cargo por confiabilidad está conformado por dos elementos económicos, que son una remuneración que se paga por la disponibilidad de los activos de generación y una estructura de costos que garantice el cumplimiento de la energía comprometida que fue asignada a través de una subasta, así como de un precio de escasez establecido por la autoridad competente, que atiende la estructura de costos de generación en el momento de exigibilidad de la obligación de energía, cuando el precio de la energía en bolsa supere el precio de escasez.
Los congresistas asegurán que el fin es «impedir el alza en las tarifas de energía en la región Caribe y garantizar la calidad del servicio»; la iniciativa había sido anunciada hace un par de semanas por el senador Name, como una alternativa para superar la crisis energética de la región Caribe, que requiere de aproximadamente $7 billones en los próximos 10 años.
«Los colombianos hemos pagado aproximadamente unos $18 billones por cargo de confiabilidad y la Contraloría no le ha dado explicaciones al país sobre a dónde han ido a parar esos dineros. No queremos que esto siga sucediendo y por eso vamos a presentar este proyecto, para la modificación de la destinación de este cargo», afirmó.
Por su parte Barguil expresó en un debate anterior: «Hay que pensar en un Conpes con recursos de la nación para mejorar el servicio, de los fondos del Ministerio de Minas se debe definir una cuenta para la región sin afectación de la tarifa, que de las regalías salgan recursos como propuso el senador Jorge Robledo y presentaremos un proyecto con el senador Name para que se usen recursos del cargo por confiabilidad para financiar las inversiones y que no sean los usuarios los que paguen».
La Contraloría General de la República estableció en un informe de 2015 que la remuneración por la disponibilidad de los activos y estructura de costos llega a $18,5 billones desde el año 2006 a la fecha, lo anterior distribuido entre generadores hidráulicos y térmicos, para un cargo equivalente a $1.000 USD millones al año, que cubre una demanda de energía de 180 GWh/día.
Este proyecto requerirá solamente cuatro discusiones en el Legislativo y en diciembre estaría aprobada.