La Contraloría General de la República declaró 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior, en cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, para el departamento de La Guajira.
Cabe recordar que la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu.
En este sentido, la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.
Sin embargo, se establecieron en total 92 hallazgos administrativos, de los cuales -aparte de los anteriormente reseñados- hay 1 (uno) con solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y 8 con Otras Incidencias.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, entregó adicionalmente algunas conclusiones preocupantes de este informe, como la desarticulación entre las entidades que prestan la atención a los niños wayuu, en donde la actuación especial de la CGR encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.
“Cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el seguimiento necesario”, indicó la Contraloría.
Otras situaciones detectadas
En el componente seguridad alimentaria se detectaron 10 hallazgos administrativos, 6 con presunta incidencia disciplinaria y 2 con alcance fiscal por $68.221.080.En educación se presentaron 15 hallazgos, de los cuales (3) con connotación fiscal al departamento de La Guajira y al municipio de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este personal. Por otro lado, se determinó hallazgo administrativo al Ministerio de Educación Nacional por la falta de lineamientos.
En el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos, 17 con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297.
En el componente de Vivienda y Saneamiento Básico, la Delegada de este sector encontró deficiencias administrativas y de planeación en la gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA). Además, se evidenciaron retrasos injustificados para dar inicio a los contratos de obras para construcción e implementación de proyectos de abastecimiento de agua potable.
En este sector, se determinaron en total 6 hallazgos, de los cuales 5 con incidencia disciplinaria y 5 de carácter fiscal por $9.399.381.292. Estos últimos incluyen lo relacionado con el Convenio Interadministrativo No. 003 de 2020 para el suministro de agua potable en el municipio de Manaure.
Se evidenció en una muestra de 28 contratos adelantados por los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, así como el Departamento de La Guajira -ESEPGUA, un hecho general: la falta de seguimiento, supervisión, control y planeación en la configuración, desarrollo y culminación de los proyectos que son destinados a agua potable.