El jueves pasado el organismo internacional de la ONU pidió al presidente Iván Duque, de manera urgente, la sanción de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, debido a las objeciones planteadas en días pasados, considerando que ese tribunal es clave para la construcción de una paz “estable y duradera”. El organismo, dentro de su petición, menciona que sería una garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Éstas fueron las declaraciones de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Agregó también que”la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP”.
Brunori, el año pasado había presentado un informe anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia, mencionando que sería una garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Recordemos que dicha ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de representantes en 2017 y posteriormente por la Corte Constitucional, por lo que el único trámite que hacía falta era la aprobación presidencial, pero él mandatario la objetó parcialmente.
En días pasados, el mandatario regresó al Congreso dicha ley tras objetar seis artículos que considera no garantizarán la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo con la guerrilla de las Farc. Pero a esto, Brunori declaró que para el correcto funcionamiento de la ley es “fundamental que en todas las ramas del poder público promuevan el respeto de su autonomía e independencia”.
Aclarando que su principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los reincorporados de las Farc y los miembros de la fuerza pública que están compareciendo ante esa corte.
Finalmente, el representante de la ONU declaró lo siguiente, “La JEP representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes en los pueblos étnicos en todo el país”. Fuente: Voces.co