Carlos Andrés Amaya, actual gobernador del departamento de Boyacá, se ha empeñado en hacer que la técnica extractiva del fracking se prohíba en la región, por lo que interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Tunja contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y GT Services, empresa derivada de la multinacional polaca Gofizyka Torun para evitar que este tipo de actividades procedan en esa zona del país.
Según Amaya, su emprendimiento por la prohibición del fracking tiene fuertemente molestos a diferentes funcionarios tanto de la ANH, como del Ministerio de Minas. Todo esto lo explicó en entrevista brindada al diario El Espectador.
El gobernador ya ha sido reconocido como una de las voces con mayor fuerza en la lucha contra el fracking, lo que ha generado gran controversia con diferentes sectores en donde lo han calificado de populista y desinformador. No obstante, él sostiene su lucha e inclusive lanza fuertes declaraciones contra quienes defienden la actividad extractiva.
El mandatario la emprendió en contra de la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, recordada por pronunciar recientemente que su objetivo era demostrar que se puede hacer “fracking responsable”, lo que el gobernador ha señalado como absurdo.
Las declaraciones de la Ministra son altamente irresponsables, de acuerdo a Carlos Andrés, por lo que desconocen la realidad que han vivido otros países del mundo como Francia, Alemania y varias zonas de Estados Unidos donde ya está prohibido el fracking con sustento de evidencia científica aportada por universidades de las más importantes del mundo.
Agrega que los estudios realizados ya han demostrado que esta técnica extractiva genera graves impactos para el medio ambiente y para el agua, por dicha razón señala que las declaraciones de María Fernanda Suárez sobre el supuesto “fracking responsable”, es como insinuar que se le darán garantías a una persona para ser violada.
“Decir ‘fracking’ responsable es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente”, expresó Amaya.
Concluye diciendo que la Ministra no tiene ningún sustento ni evidencia científica para hacer dichas declaraciones, por lo que anuncia su continuidad en la lucha contra esta polémica técnica y seguirá oponiéndose a que se aplique en el departamento. Fuente consultada: El Espectador.